Decisión se tomó después que la Corte de Apelaciones acogiera recurso de opositores.
Senadora Isabel Allende cuestionó validez del proyecto.
La Corema de la Región de Atacama decidió suspender el estudio de impacto ambiental del proyecto de termoeléctrica Castilla, luego de que este martes la Corte de Apelaciones de Copiapó acogiera un recurso de no innovar, presentado por los opositores al proyecto.
Esta resolución, con 15 votos a favor y dos en contra, deja momentáneamente sin efecto la última resolución de la autoridad sanitaria, que manifiesta que el proyecto no es contaminante.
Según lo informado por la intendenta de Atacama, Ximena Matas, "esta comisión regional ha determinado suspender el proceso de evaluación", recalcando que con la resolución "nos falta un elemento importantísimo" para continuar con el proyecto.
Paralelamente, el diputado radical Alberto Robles y la alcaldesa de Caldera, Brunilda González (PPD), pidieron públicamente la intervención del Presidente Sebastián Piñera en esta evaluación ambiental.
"Aquí la palabra la tiene Piñera, no la tiene otra persona, y yo creo que Piñera no puede hacerse el leso en estas circunstancias", enfatizó Robles.
El proyecto de la termoeléctrica Castilla de la empresa brasileña MPX involucra una inversión de 4.400 millones de dólares aproximadamente.
Posturas enfrentadas
Luego de que la Corte de Apelaciones de Copiapó paralizara la construcción de la termoeléctrica Castilla en Caldera, quienes deben aprobar o rechazar el proyecto son las autoridades locales de Corema, entre ellas la intendenta Ximena Matas.
Esta participación ha generado preocupación entre los opositores al proyecto, que sostienen que dentro de los abogados que representan a la empresa MPX se encuentran representantes de Alvarez Hinzpeter Jana Abogados, estudio vinculado al ministro del Interior.
"Esperamos que eso obviamente no signifique ninguna intervención, ninguna alteración en la objetividad por la imparcialidad que hay entre las autoridades para decidir sobre el proyecto, porque son autoridades de Gobierno los que deciden", señaló Carlos Figueroa Guzmán, abogado del estudio jurídico.
El Seremi de Salud, Raúl Martínez, argumentó que los estudios no estaban completos y al ser corregidos permitieron cambiar la clasificación del terreno, pero la senadora PS Isabel Allende aseguró que es evidente que hubo modificaciones por secretaría.
"Siempre se dijo, y eso yo lo escuché a abogados que representan a la empresa, que ellos tenían la certeza que este nuevo Gobierno Regional iba a aprobar el proyecto, hablaban como jactándose mucho que este proyecto tenía todas las condiciones para ser visado por el nuevo Gobierno", argumentó.
