La entidad consideró que el país violó sus derechos a la vida e integridad personal.
Sentencia se relaciona al crimen de tres mujeres, dos de ellas menores de edad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de la Organización de Estados Americanos, condenó al Estado mexicano por un caso relacionado con el asesinato de tres de mujeres en Ciudad Juárez y su posterior falta de investigación.
La CorteIDH señaló en su sentencia, con fecha de 16 de noviembre y publicada en su página en Internet, que México violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, los derechos del niño, acceso a la justicia y protección judicial.
La sentencia condena a México a pagar a las familias de las víctimas un total de 383.000 dólares por concepto de daño material e inmaterial y ordena investigar y castigar a los funcionarios judiciales sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas por estos casos.
Además, establece que el Gobierno mexicano investigue supuestos hostigamientos hacia los familiares de las víctimas.
El llamado "Caso del Campo Algodonero" fue presentado ante la Corte en noviembre de 2007 y se refiere a los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos Monárrez, dos de ellas menores de edad.
Sus cadáveres aparecieron en 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, localidad mexicana fronteriza con la estadounidense El Paso (Texas).
Los jueces indican en la sentencia que "el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias (...) que permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer".
Los jueces afirmaron que "hubo demoras injustificadas luego de las presentaciones de las denuncias de desaparición" lo que "demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas".
La Corte ordena, además, al Estado mexicano eliminar los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales para que estos sean "expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales".
