Ex jefe de la CNI fue procesado por apremios contra el diputado Aguiló

El juez Alejandro Solís ordenó el arresto del ex jefe de la CNI junto a otros cinco ex agentes del ente represor por las torturas que aplicaron en 1981 al actual diputado socialista Sergio Aguiló.

Entre los encausados se encuentra el ex jefe operativo del organismo de la dictadura, Alvaro Corbalán, quien cumple condena por diversos casos en el penal de Punta Peuco, y el brigadier retirado Roberto Schmidt Sancy.

Se les acusa de detener a Aguiló en pleno centro de la capital el 4 de diciembre de 1981 y someterlo a torturas durante 10 días en carácter de incomunicado, donde se le aplicó electricidad y lo amenazaron con asesinar a su hija de dos años  y a su esposa.

El parlamentario fue liberado luego de las gestiones realizadas por el entonces abogado de la Vicaría de la Solidaridad y actual senador electo por la Quinta Cordillera, Ignacio Walker.

En tanto, el ministro de fuero Alejandro Solís entregó sus argumentos para estas encargatorias y manifestó que la tortura es un delito de lesa humanidad.

"En mi criterio, la tortura en un delito de lesa humanidad por lo tanto es imprescriptible e inadmistiable eventualmente. Dentro del auto de procesamiento comencé por definir la tortura dentro de las normas de los tratados internacionales, llegando a la conclusión que corresponde exactamente a los maltrados que se le proporciona a los prisioneros o detenidos", señaló.

Además explicó por qué no encargó reo al ministro del régimen militar, Sergio Fernández, contra quien iba dirigida al querella del hoy parlamentario socialista.

"Tengo su declaracion donde reconoce que le proporcionaban las nóminas de personas respecto a las cuales se dictaba una orden de arresto pero él se desentendia del paradero que pudiera tener cada caso", agregó  el juez.

En tanto el abogado del retirado brigadier Roberto Schmidt Sancy, Juan Carlos Manns, insistió en la inocencia de su defendido.

"Lo que pasa es que aparentemente hay una confusión pues se le cree a un comandante de una agrupación que supuestamente estuvo detenido, el señor Aguiló Melo, pero el comandante regional nunca tuvo contacto con él. El no ha torturado al señor Melo y nos reservaremos la acción de revocación del auto de procesamiento en su oportunidad", manifestó.

No obstante, tras ordenar su arresto preventivo, el ministro Solís les concedió la libertad a los agentes procesados por estas torturas, luego de un pago de 500 mil pesos y la consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá el viernes si acepta o no el beneficio.