Cornelio Villarroel dijo que en esta materia "hay mucho trecho que recorrer".
Responsables de las estafas fueron condenados este viernes a cinco años de pena efectiva de cárcel.
Los afectados, sin embargo, no recuperarán sus casas de inmediato.
El ministro de la Corte de Apelaciones Cornelio Villarroel se refirió este viernes a la necesidad de que en Chile haya una mayor fiscalización del Estado hacia la "probidad" de los negocios privados.
Al comentar el fallo que condenó a cinco años de cárcel a los responsables de la financiera Eurolatina -los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y el abogado Cristián Cisternas, juzgados por los delitos de usura y estafa reiterada- el juez Villarroel reflexionó que Chile es "pobre y hay mucho trecho que recorrer" respecto de "cómo ordenar la probidad de los inversionistas privados, de los negocios de carácter privado, de los contratos celebrados, en los que se supone que hay autonomía de la voluntad, cuando no la hay".
"Eso necesita de una supervisión permanente del Estado", de la cual éste "no puede estar ausente", agregó Villarroel, que era partidario de condenar a 10 años a los tres imputados, pero su voto fue minoritario.
El juez aclaró además que pese a la resolución, las casas arrebatadas a las víctimas no se van a devolver de inmediato: "Los remates se mantienen, porque las sanciones fueron las únicas que se aplicaron", señaló, explicando que para intentar la recuperación de sus viviendas las víctimas deben presentar demandas civiles en los juzgados correspondientes.
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| María Elena Huaiquipán, vocera de las víctimas, celebró el fallo tras "20 años de tortura". (Foto archivo: UPI) |
Alegría entre las víctimas
El fallo redactado por Villarroel (ver archivo adjunto) determinó que los condenados "excedieron los márgenes del actuar legítimo en los casos de operaciones comerciales de crédito, al establecer cláusulas de aceleración que permitían el cobro total de los préstamos solicitados" por sus víctimas -personas de bajos recursos y ancianos, en su mayoría- sabiendo que éstas estaban incapacitadas de cancelar la deuda, por lo cual se procedía a rematar las viviendas que los afectados habían dejado como garantía de pago.
Emocionada tras conocer la sentencia de cárcel, María Elena Huaiquipán, vocera de los deudores, declaró que "después de 20 años" de iniciado el caso, "esto es lo más grande que puede ocurrir".
"Hemos sido torturados por 20 años a la agonía de ser mandados a la calle, botados como perros, y que hoy en día esté saliendo esto es lo más lindo, lo más grande. No tengo palabras", agregó Huaiquipán, que encomendó a Dios "a los 100 muertos míos" (afectados que han muerto a lo largo del proceso) y que declaró a las víctimas "hermanos del señor Cornelio Villarroel".
También celebró la resolución Delia Leiva, viuda de Manuel Miranda, fallecido el 17 de octubre de 2010; asegura ella, a consecuencia de las amarguras que sufrió por el caso.
Tras ser rematada su casa, el hombre sufrió "un accidente vascular y un infarto al corazón. Después que nos lanzaron a la calle padeció todas esas enfermedades", recordó la mujer.
