Este martes se desarrolla la sesión de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados en la cual recibió al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, luego de la controversia generada tras la decisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de no perseverar en la investigación por la colusión en el mercado de los pañales debido a que los delitos estaban prescritos.
La decisión generó múltiples reacciones de molestia en el mundo político, por lo que Irarrázabal acudió a la instancia parlamentaria a hacerse cargo de estos cuestionamientos.
"Yo ya llevo siete años de fiscal nacional económico con mucho orgullo, creo que el equipo profesional de la Fiscalía es de primer nivel (...) Nunca hemos tenido una filtración, y lo dije públicamente, y estamos devastados, por que el negocio nuestro, si no hay un contexto de confidencialidad y si no hay un contexto de delación compensada, es muy difícil llegar a resultados concretos", manifestó Irarrázabal sobre la indagatoria paralela del mercado del papel y del mercado de los pañales.
De acuerdo a lo que expuso el subfiscal nacional económico, Mario Ybar, en la cronología que planteó a los parlamentarios, precisó que el 4 de diciembre de 2014 se inició esta investigación, que en marzo de 2015 se ofreció una delación compensada por parte de la CMPC y el 15 de junio de ese mismo año se entregó por primera vez la información por la investigación de la colusión en ambos mercados.
La indagatoria comenzó cuando los contactos y acuerdos entre las empresas investigadas ya habían terminado y los efectos de esa colusión no se habían producido.
Papeles y pañales se investigaron de forma simultánea
Según el subfiscal Ybar, siempre se indagaron los pañales y los papeles en forma simultánea, pero una vez que se agotó la investigación de los papeles se determinó que todavía faltaba seguir indagando el mercado de los pañales.
Por ello las opciones eran seguir esperando a terminar la investigación completa en los pañales, o acusar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por los papeles y abrir una arista separada por los pañales, que fue lo que finalmente se hizo, notificando al TDLC que se desarrollaba en reserva la investigación de los pañales, toallas femeninas y toallas húmedas.
La indagatoria se centró en el mercado de pañales para niños, particularmente los destinados al segmento medio alto, donde CMPC y Kimberly Clark acordaron un rango de diferencia de precios para los pañales de no más de cuatro por ciento.
Estudiados los efectos de este posible arreglo de precios, señalaron que al 2009 no había nada.
"En torno al cuatro por ciento es lo que acordaron, hay momentos que están en torno al 10, hay momentos que llegan casi al 30 por ciento y además la viabilidad es muy alta, lo que no se condice con un cartel exitoso. De 2008 en adelante, se puede apreciar que simplemente eventuales contactos no redundaron en una colusión que tuviese efectos en el mercado", aseveró el subfiscal nacional Ybar.
Agregó que "a nosotros los casos grandes nos cuestan entre uno y dos millones de dólares en horas, en tiempo, en personal, en informes en derecho, en costos de litigación. Dado el presupuesto de 10 millones que tenemos, es alto. O sea, saludos a la bandera no estamos en condiciones de darnos y, lo otro, uno podría buscar la sanción moral de que un Tribunal declare que efectivamente hubo un cartel y, más allá que no haya multa, el Tribunal jamás cuando declararon las prescripción se metió al fondo del asunto".
"Tengan fe"
Algunos parlamentarios no quedaron conformes con la explicación, como Marcelo Chávez y Fuad Chahín, ambos de la DC.
Chahín le enrostró al fiscal nacional económico el daño a la fe pública que se generó una vez que se conoció el caso por una filtración, luego de la cual el organismo salió a aclarar que no iba a perseverar en el caso.
"Este caso ha dañado la confianza. Quiero preguntarle si usted ha pensado en renunciar, porque a mí me parece que eso sería extremadamente positivo para la institución, porque lo que se debe recuperar es la confianza en la institución y creo que la ciudadanía ha perdido la confianza debido a este hecho", dijo Chahín.
Irarrázabal le respondió que "me siento muy honrado y, al revés, con una gran responsabilidad y se ha formado un equipo humano que les vamos a dar resultados. Y si en algún momento hay o hubo un cierto quiebre en relación con la confianza, dennos tiempo. Tengan fe".
Como la FNE no llevó el caso al TDLC, tampoco encargó ningún estudio para determinar el monto del daño causado a los compradores.
