La Mandataria calificó como de extrema gravedad denuncia por colusión del papel higiénico.
Ministro Burgos dijo que lo importante es que no haya impunidad en este caso.
La Presidenta Bachelet anunció que empujará el proyecto que sanciona con cárcel los casos de colusión.
La presidenta Michelle Bachelet anunció que el Gobierno impulsará el proyecto que envió al Congreso en marzo pasado para sancionar con cárcel y con fuertes multas los casos de colusión, a propósito de la coordinación de precios entre las empresas papeleras CMPC y SCA Chile, que se extendió por al menos 10 años.
Para la Mandataria este hecho es de "la máxima gravedad" ya que afecta directamente al bolsillo de las personas.
"Mi Gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que castiga duramente estas prácticas con cárcel y con multas y quiero anunciar que vamos a empujar con fuerza este proyecto en el Congreso porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, a la economía y por sobre todo la confianza y la imagen del país", aseveró.
"En el pasado conocimos la colusión de los pollos, de las farmacias y ahora se trata del papel higiénico, las servilletas y otros productos de uso cotidiano", añadió la jefa de Estado, quien añadió que estos casos "tienen una cosa en común que es que perjudican a las personas, fijando un precio que es más caro, que atenta contra la libre competencia y afecta al bolsillo de las familias".
Hasta 2003 había cárcel para la colusión
Hasta 2003, la legislación chilena contemplaba penas de entre 61 días y cinco años de cárcel para quienes cometieran delitos como el de colusión de mercados, aunque nunca nadie fue condenado.
Ese mismo año el Gobierno de Ricardo Lagos creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero derogó las penas de presidio.
Desde entonces han surgido casos de colusión en los mercados como los de las farmacias, los pollos, los pasajes interurbanos y ahora el papel higiénico.
Las sanciones conocidas han sido multas y clases de ética, en algunos casos, además de intentos de compensación a clientes.
Si bien en el Congreso hay una decena de mociones parlamentarias y en varias de ellas se plantea reponer penas de hasta cinco años de cárcel, el Ejecutivo va más allá y propone presidio mayor de entre cinco y 10 años de cárcel.
RN compromete apoyo
El jefe de la bancada de diputados de RN, Alejandro Santana, comprometió el apoyo de su colectividad.
"En RN condenamos los abusos vengan de donde vengan y por eso vamos a respaldar cada una de las medidas para compensar a las víctimas y castigar a estos verdaderos delincuentes que se han reído de los chilenos y han abusado de la fe pública", dijo el parlamentario.
"Es urgente reponer las penas de cárcel para delitos de colusión como una forma efectiva de prevenirlo y de castigar a los responsables", añadió Santana.
A través de una declaración pública en la que no menciona a Gabriel Ruiz-Tagle, el jefe de comité de senadores de la UDI, Víctor Pérez, criticó al Gobierno de Ricardo Lagos por derogar las penas de cárcel y sostuvo que "quienes creemos en el modelo económico debemos exigir el máximo castigo a quienes se coluden".
A su vez, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Leonardo Soto (PS), evitó anticipar juicio ante las sanciones propuestas por el Gobierno.
"El tema de la pena exacta lo vamos a tener que revisar en relación a otras penas también, porque hay delitos contra la vida y la vida también tiene un valor superior, pero lo que tiene que quedar claro es que vamos a aumentar las penas", aseveró.
El jueves de la semana pasada, antes que se conociera públicamente este último caso, el Ejecutivo le volvió a poner urgencia simple al proyecto ya aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
El proyecto se encuentra ahora en la Comisión de Constitución, la misma que está tramitando la agenda de probidad y transparencia y que la próxima semana debe despachar la ley de partidos políticos, por lo que el proyecto será puesto en tabla la segunda semana de noviembre.
"Que no haya impunidad"
En tanto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que en este caso lo importante es que no exista impunidad.
"No a la impunidad venga de donde venga, ni para el delincuente común que asaltó anoche a una cajera de un Pronto ni para aquél que comete delito que son de cuello blanco o cuello y corbata", manifestó el secretario de Estado.
El jefe de gabinete añadió que "de comprobarse los hechos, son reprochables de comienzo a fin y da cuenta de la necesidad de evitar acciones de colusión, de mezclar dinero con la política, lo importante es que no haya impunidad y que funcione la institucionalidad", añadió
Además, llamó a los empresarios a condenar este tipo de situaciones.
"La condena tiene que ser unánime, quién podría justificar un acto de esta naturaleza", aseveró.
