A 28 días de dejar el Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín anunció que a fines de febrero presentará al Congreso un proyecto de ley que crea la institucionalidad permanente para fijar el sueldo mínimo. La iniciativa ya es criticada por economistas, la CUT y parlamentarios de la oposición, quienes ven escasas posibilidades que vea la luz.
El proyecto contempla que sean ocho los miembros de un comité anual – nombrado por el Presidente de la República- que se reúna para fijar el salario mínimo y así evitar las extensas negociaciones políticas en el Congreso.
No obstante, distintos actores se oponen a la idea de crear esta institucionalidad por el poco tiempo que resta para que culmine la administración Piñera. Piden esperar hasta que asuma Michelle Bachelet y definir las políticas públicas de los próximos cuatro años.
El diputado socialista Carlos Montes, de la Comisión de Hacienda, ve pocas probabilidades de que la iniciativa sea siquiera considerada en el Parlamento, pues la eventual discusión tendrá sólo siete días.
"El ministro Larraín está haciendo cada vez más acción política de corto plazo. Yo creo que esto es parte de una operación de esa naturaleza", dijo Montes.
"Él se comprometió a presentar esto a comienzos del año pasado (...) Él hizo una promesa y creo que está tratando de cumplir lo que no cumplió oportunamente, pero bueno; veremos el proyecto, que puede ser un saludo a la bandera o ser realmente un aporte", indicó el senador electo.
En el Gobierno se asume el complejo escenario, ya que de ser aprobada la iniciativa, será implementada durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
"Nos interesa hacer algo en beneficio del país, en beneficio de Chile. Éste va a ser un proyecto de ley que verá la luz en el próximo Gobierno, pero está bien que sea así, porque los gobiernos no trabajamos solamente para que las iniciativas den fruto durante nuestro periodo", dijo el titular de Hacienda.
Apoyo de las pymes
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Rafael Cumsille, expresó respaldo a la iniciativa, pero pidió participación de su gremio, "porque ocurre que muchas veces se conversa con instituciones muy respetables, pero que no son las que generan el mayor empleo en el país".
"Yo aguardo, como presidente de Conapyme, que se considere a nuestra institución como tal para tener representantes en ese comité", dijon Cumsille.
Opinión diametralmente opuesta tienen en la CUT, donde acusaron que con esta ley se quiere "amarrar" el salario mínimo sin la participación de los trabajadores.
"A nosotros no nos parece que la discusión del salario mínimo se lleve por la vía de institucionalizar comités de asesorías. La discusión del salario mínimo se tiene que dar entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Punto", dijo el presidente subrogante de la multisindical, Nolberto Díaz.
¿Qué criterio debe primar?
Las divergencias también se expresan entre los economistas. Para algunos debe primar el criterio técnico, mientras otros defienden la discusión directa entre los agentes económicos directos.
Francisco Klapp, economista de Libertad y Desarrollo, es partidario de que "la discusión del salario mínimo se lleve a un nivel más técnico y se consideren los parámetros relevantes para la decisión; es decir, cuánto se espera que sea la inflación en lo que viene, cuánto ha aumentado la productividad o se espera que aumente y cuánto, realmente, resulta responsable aumentar el salario mínimo".
Para Hernán Frigolett, analista de Nueva Economía, "tiene que haber una conversación clara, tripartita, entre el Estado, los empresarios y los trabajadores".
"Yo creo que ésa es la combinación más sana. Tratar de que haya un grupo de 'iluminados' que tenga que tomar decisiones por esos agentes económicos es un mal camino", opinó.
Durante 2013 el debate del reajuste al salario mínimo tardó cinco meses para culminar con un acuerdo en 210 mil pesos.
