Un equipo de 470 efectivos del ejército y la policía militar del Orden Público se tomó 10 entidades de salud.
Se revelaron detalles sobre varios casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos.
El escándalo se ha acercado al círculo más cercano al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Honduras se moviliza: la gente está en las calles protestando y, desde el miércoles, los militares se tomaron las farmacias y los almacenes de los hospitales.
Y todo se debe al mayor escándalo de corrupción en los últimos 20 años del país centroamericano, que afecta a la salud -en especial al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)- y que las últimas semanas se ha acercado al círculo más cercano al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Los primeros indicios de un desfalco cercano a los 200 millones de dólares a la entidad reguladora de la salud en Honduras se conocieron en 2013. Pero en las últimas semanas se revelaron detalles sobre varios casos de sobreprecios en la venta y compra de medicamentos que desembocaron en la intervención del ejército hondureño este miércoles.
"Es lamentable que las instituciones no funcionen por su propia cuenta, que los controles internos y externos ya establecidos tengan que ser sobrepasados y llevar militares para supuestamente limpiar la corrupción, es lamentable eso", dijo a los medios locales el presidente del Colegio Médico de Honduras, Elmer Mayes.
De acuerdo a la información estatal un equipo de 470 efectivos del ejército y la policía militar del Orden Público (PMOP) se tomó 10 entidades de salud alrededor del país por orden del presidente Hernández, para controlar la distribución de los medicamentos.
Pero, ¿de qué se trata el escándalo de corrupción que ha sacudido del letargo a la opinión pública hondureña y tiene militarizados las farmacias y los hospitales?
Sobreprecio y cheques
La historia comienza en 2009 cuando el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, nombró en la dirección del IHSS a Mario Zelaya, un reconocido ortopedista.
A pesar de las continuas quejas sobre los fallos en la atención en el sistema de salud, Zelaya continuó varios años al frente de la entidad.
Sin embargo, en agosto de 2013 se conoció la denuncia de compra con sobreprecio de unos tiquetes aéreos a nombre de Zelaya y otros funcionarios de la institución hechos en mayo de 2011 para viajar fuera y dentro del país.
Esa fue la puerta de entrada a un caso de corrupción enorme: de acuerdo a la investigación que se adelanta en contra de Zelaya y que fue publicada por la Comisión Multipartidaria en el Congreso Nacional, el ex dirigente integró, junto a dos funcionarios más, una compleja red de desfalcos y sobornos con los que vaciaron al menos 200 millones de dólares de las arcas del IHSS.
El ortopedista salió de su puesto a principios de 2014. En abril de ese mismo año se emitió una orden de captura en su contra y el galeno emprendió la huida. Pero cinco meses después, el 9 de septiembre de 2014, fue capturado por las autoridades.
"Esta detención es una demostración contundente del funcionamiento diligente y efectivo de las instituciones de seguridad y defensa del Estado", dijo el presidente Hernández en aquel momento.
Conexión con el presidente
Pero con la captura del supuesto cabecilla del entramaje de corrupción no terminó todo. Hace menos de un mes apareció una información que conectaba el escándalo con el círculo más cercano del mandatario.
Se trataba de casi 136.000 dólares pagados en cheques y aportados a la campaña presidencial de Hernández en 2013, que provenían de empresas que habían recibido dinero del IHSS durante la gestión de Zelaya.
Fue la gota que rebasó el vaso: líderes de opinión pública y de los partidos de oposición como el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Libre convocaron a marchar por las calles de la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades del país para exigir la renuncia de Hernández y de todos los políticos implicados.
Los marchantes se hicieron llamar "los indignados".
"No tengo nada que ver con el caso del Seguro Social y por eso he dicho: caiga quien caiga, no nos va a temblar la mano", se defendió el primer mandatario durante una entrevista por televisión.
En los meses de mayo y junio se han realizado masivas movilizaciones -conocidas como las "Marchas de las antorchas". La última tuvo lugar el pasado 13 de junio, en la que miles de personas exigían la renuncia del presidente y el cese de las irregularidades.
"Pedimos que se haga justicia con el tema de la corrupción y que vayan a la cárcel todos los corruptos, porque hasta ahora el pueblo ha sido noble, ha sido trabajador", dijo Marcos Acosta, uno de los "indignados", al canal de televisión hondureño TVC.
Las medicinas
Pero la investigación, que no ha terminado, agregó otro capítulo más: el Ministerio Público de Honduras involucró esta semana a la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, en un caso de sobreprecios en las medicinas que se venden en los hospitales del país.
De acuerdo al ministerio público, se encontraron serias irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Secretaria de Salud a la empresa Astropharma, a la cual perteneció Gutiérrez y que controlan miembros de su familia.
"Encontraron hasta un sobreprecio del 5.000 por ciento en el precio de las drogas que le vendían al Estado", afirmó Carlos Hernández, director de Transparencia Internacional, organización que ha estado detrás de la investigación.
Apenas se conoció la decisión del ministerio público de emprender acciones contra Gutiérrez y tras la revelación del caótico cuadro en el suministro de medicamentos, el gobierno central decidió militarizar las farmacias públicas y el almacenamiento dentro de los hospitales.
El objetivo principal que tienen los elementos de la Policía Militar y del Ejército, de acuerdo a medios locales como La Prensa, es resguardar y supervisar la entrada y salida de los medicamentos en los hospitales. La intervención es por tiempo indefinido.
