Una delegación opositora viajó a Washington para presionar por la inclusión de ese conflicto en la agenda de la OEA.
Daniel Ortega, que cuenta ya 11 años en el poder, pide diálogo frente a los llamados a dimitir en medio de denuncias de autoritarismo.
Nicaragua siguió este domingo sumando muertos y heridos por la crisis sociopolítica que atraviesa desde el pasado 18 de abril y que ha causado más de 100 muertos, mientras una delegación opositora viajó a Washington para presionar por la inclusión de ese conflicto en la agenda de la Asamblea General de la OEA.
La Policía de Nicaragua reportó este domingo dos nuevos muertos y 30 heridos, entre ellos ocho agentes del orden, para sumar cuatro fallecidos y 32 lesionados durante el fin de semana, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Esa institución atribuyó esas muertes a "actos terroristas" del "crimen organizado, que alteraron el orden público, la paz y tranquilidad de las personas, familias y comunidades".
Por su lado, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó al menos de cinco personas muertas en los enfrentamientos del sábado en la ciudad de Masaya entre civiles y la Policía Nacional apoyada por grupos afines al Gobierno.
La Iglesia denunció que una de esas cinco víctimas fue ejecutada por una agente de la policía.
En tanto Ortega, que cuenta ya 11 años en el poder y cuya dimisión es exigida en medio de denuncias de autoritarismo, volvió a decir que el diálogo es la única vía para "retomar la paz y el bien común en Nicaragua", un país en el que hoy se cumplen 47 días de una crisis, la más sangrienta desde la década de 1980, que ha dejado más de un centenar de muertos y cerca de un millar de heridos.
El gobernante se pronunció así en un comunicado por la muerte esta madrugada a los 92 años del cardenal emérito Miguel Obando y Bravo, un controvertido líder de la Iglesia caracterizado por influir, como mediador, en la vida política del país.
El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos-, fue congelado poco después de haberse inaugurado y tras la propuesta de los sectores civiles de adelantar las elecciones, lo que el Gobierno tildó de "golpe de Estado".
Mirando a la OEA
Por otra parte, representantes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Gobierno de Nicaragua comenzaron a trabajar en una serie de reformas electorales, que preven concluir en enero de 2019, para lo cual tuvieron este domingo una reunión privada en Managua de la que no se ofreció detalles.
Y con la intención de presionar a la OEA a que discuta la crisis de Nicaragua en la Asamblea General que comenzará el lunes, una delegación de estudiantes universitarios, los grandes protagonistas de las protestas antigubernamentales, junto a familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos, viajaron a Washington.
En un encuentro en la sede de la OEA entre la sociedad civil y representantes de los 34 Estados Miembro, así como con el secretario general, Luis Almagro, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) pidió a la Asamblea General que aborde la crisis de Nicaragua.
"Llamamos la atención sobre la escalada de violencia en la que la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el dictador Daniel Ortega, y grupos de choque organizados por su Gobierno nacional, están violentando los derechos de los nicaragüenses", afirmó Vilma Núñez, directora del Cenidh.
Estados Unidos, junto a otros países, y grupos de la sociedad civil están luchando para que la crisis en Nicaragua ocupe un lugar relevante en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En respuesta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo hoy en Twitter: "condenamos el uso de la fuerza contra manifestantes y exigimos se frene la violencia en #Nicaragua ya", pero durante el discurso con el que abrió el diálogo con la sociedad civil no mencionó a Nicaragua.
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
