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Citan a declarar a Cristina Fernández en caso contra presidente Banco Central

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por legisladores kirchneristas.

EFE (Archivo)

Un fiscal argentino citó a declarar como testigo, para el próximo 3 de mayo, a la ex mandataria Cristina Fernández, en el marco de una denuncia por la que se investiga al actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por el pago de contratos de futuros del dólar.

Según confirmaron a EFE fuentes judiciales, el fiscal Jorge Di Lello convocó a Ferández tras haber tomado testimonio este martes al ex ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof.

Fernández también estaba inicialmente llamada para declarar pero pidió suspender la cita.

Esta causa, que está a cargo del magistrado Sergio Torres, se inició a raíz de una denuncia presentada por legisladores kirchneristas.

La demanda tiene como principal foco a Sturzenegger y al juez Claudio Bonadio, quien avaló el pago de las operaciones el dólar futuro tras consulta del Banco Central, pese a que a su vez los estaba investigando en otra causa por presuntas irregularidades.

Los contratos se habían cerrado durante la etapa final del mandato de Fernández y acarrearon que Bonadio dictara, en 2016, tanto el procesamiento de la expresidenta como el de Kicillof y otros altos cargos kirchneristas, por presunto perjuicio económico al Estado.

En concreto, esa primera causa -recientemente elevada a juicio oral- atañe a que el Banco Central pactó vender la divisa estadounidense a 10,65 pesos por unidad, un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos.

En medio de ese proceso de investigación, legisladores kirchneristas denunciaron tanto al juez y como al actual responsable del Banco Central, nombrado tras la asunción presidencial de Mauricio Macri a finales de 2015, por haber mantenido el pago de las operaciones.

Los denunciantes argumentaron que, si estas estaban bajo sospechas de irregularidad, se podrían haber paralizado judicialmente, en lugar de efectivizarlas y profundizar así el presunto daño al Estado por el que irán a juicio Fernández y los principales miembros de su último equipo económico.  

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