La Justicia argentina ratificó el procesamiento de ocho de los nueve imputados por el derrame de agua con cianuro ocurrido en 2015 en la mina Veladero, situada en la provincia de San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold.
El auto de la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan dictó también el sobreseimiento del gerente general de la mina en el momento del incidente, Antonio Adames, por "falta de mérito".
Los trabajadores de Barrick Gold habían sido procesados por el juez Pablo Oritja en marzo de 2016 al entender que los acusados actuaron de manera negligente y violaron las normas respecto de residuos peligrosos, al haber firmado el acta a través de la cual se dejó abierta la compuerta por la que salió el primer vertido de cianuro detectado en la mina, en septiembre de 2015.
Se les acusa de "contaminación culposa" por "imprudencia", "negligencia" e "inobservancia de los reglamentos u ordenanzas", un delito que conlleva una pena de hasta dos años, en caso de no existir víctimas mortales.
Ahora, dos años después del incidente, la Cámara ratificó el procesamiento por considerar a los acusados "presuntos coautores materiales responsables del delito" y rechazó los recursos de apelación interpuestos por la defensa.
Respaldo de la minera
Por su parte, la filial argentina de Barrick Gold emitió este miércoles un comunicado en el que aseguró que respaldará legalmente a los trabajadores al considerar que "no hay razón alguna que justifique considerar los hechos como delictivos".
"Minera Argentina Gold ha tenido acceso a dicho fallo a través de sus trabajadores y no comparte los argumentos centrales por los que se ratifica el procesamiento de ocho de los nueve involucrados", señala el comunicado.
Asimismo, aseguraron que la decisión "está siendo analizada por los abogados" de los implicados para decidir "los próximos pasos legales" orientados "a proteger a los involucrados".
El primer vertido se produjo en septiembre de 2015, causado por un fallo en el circuito de transporte, y supuso una multa para la minera canadiense de 145,7 millones de pesos argentinos (unos 8,5 millones de dólares) y el procesamiento judicial, en un primer momento, de nueve de sus responsables en Argentina.
En aquella ocasión el vertido alcanzó los 1.072 metros cúbicos de solución cianurada y, de acuerdo con el expediente judicial, hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en la zona cercana a la mina de extracción de oro.
Un año más tarde, el 8 de septiembre de 2016, otro derrame volvió a poner en el centro de la polémica a la multinacional.
