La ex presidenta argentina Cristina Fernández declarará ante la Justicia este lunes en el marco de una causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas para favorecer a empresarios afines al kirchnerismo.
La ex mandataria (2007-2015) fue citada por el juez federal Julián Ercolini, quien investiga el supuesto diseño de un esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa, por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la acusan de un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública.
El pasado 21 de octubre, los fiscales remitieron su último dictamen con nuevas pruebas para ampliar la acusación contra la expresidenta.
Fernández estaba llamada a declarar el pasado 20 de octubre pero, tras una petición interpuesta por la defensa por el inminente nacimiento de la tercera nieta de la ex presidenta, Ercolini resolvió postergar la citación hasta el 31.
La defensa había pedido también anular la indagatoria por considerar que se trataba de una investigación incipiente y que las pruebas de la causa sostienen conclusiones contrarias a las acusaciones de la Fiscalía.
El abogado Carlos Alberto Beraldi, representante de Fernández para este expediente judicial, alegó incluso que, según él, hay una "clara intencionalidad política" en esta causa.
Durante noviembre está previsto que se presenten para declarar ante Ercolini altos cargos del kirchnerismo, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y los empresarios relacionados con el caso, incluido el propio Báez.
La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una "organización criminal" ideada para "beneficiarse ilegítimamente" con el dinero público en "consecuente y grave detrimento" de las arcas estatales.
La Fiscalía ve indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
