En medio de una fuerte seguridad, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández asistió este lunes a declarar en la causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas para favorecer a empresarios kirchneristas.
La ex mandataria (2007-2015), llegó al juzgado doce minutos después la hora que citó el juez Julián Ercolini, para comparecer por segunda vez ante la Justicia, donde fue procesada por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".
La causa investiga el supuesto diseño de un esquema de "beneficios exclusivos" en detrimento de las arcas del Estado, a favor del grupo Austral, del empresario y cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirshner, Lázaro Báez, actualmente detenido por otra causa de lavado de dinero.
Fernández, a la salida de los tribunales federales de Buenos Aires, afirmó que pidió la nulidad del caso e insistió, nuevamente, en que es víctima de "una maniobra formidable de persecución política", y definió como un "disparate mayúsculo" la supuesta "asociación ilícita" que su esposo Néstor Kirshner y ella habrían encabezado.
"Presentamos un escrito pidiendo la nulidad", aseveró.
Además, agregó que con respecto a la obra pública, son los jefes de gabinete los que administran y ejecutan las cuentas de inversión, aprobadas por la Auditoría General, y los decretos son remitidos al parlamento para su tratamiento, negando así las acusaciones de "asociación ilícita".
Primo de Macri entre "favorecidos"
Sobre los supuestos beneficios al grupo Astral, Fernández señaló que pidió realizar una auditoría integral de la obra pública desde 2003, asegurando que el monto total en los contratos llegaron a un total de 107.000 millones de dólares.
La mayor parte de estos recursos, distribuidos en energía, vialidad y viviendas y casi el 50 por ciento descentralizada por provincias, no sólo en la provincia de Santa Cruz, lugar que beneficiaría a Báez.
"Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública", añadió Fernández, para remarcar que "el primo hermano" del actual presidente, Mauricio Macri, fue el tercer adjudicatario de la obra pública, mientras Báez está, según ella, en el puesto 38 de los favorecidos.
Finalmente, reiteró de nuevo que el actual gobierno "trata de tapar de esta manera el desastre económico y social" en el que en su opinión se encuentra el país.
