La presidenta de la asociación de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ejerció este miércoles su derecho a no declarar en el marco de una causa que la investiga por presunto fraude al Estado.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acudió esta mañana a la sede de Madres de Plaza de Mayo para tomar la declaración indagatoria pero De Bonafini, tal y como ya había anticipado, se negó a contestar las preguntas del magistrado.
La causa aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) en el programa "Sueños Compartidos", un plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández para la construcción de viviendas sociales administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.
Tras la visita del juez, De Bonafini aseguró que la negativa a prestar declaración es un "acto político" y que no le tiene miedo a los que la "quieren meter presa", en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
"Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri, ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia" y "nunca vamos a ponernos de acuerdo" porque "ellos responden al poder de turno", sostuvo.
"Yo fui muchas veces presa, acá ustedes que son todos nuevitos no saben cuántas veces fui presa, no saben cuántas veces nos pegaron...", añadió.
"Peor que lo que nos pasó ya no nos puede pasar, yo no le tengo miedo de ir presa", completó, además de defender nuevamente la legalidad de las operaciones realizadas por la asociación.
El pasado jueves, De Bonafini faltó por segunda vez a la cita programada por el juez para declarar por el supuesto fraude, lo que desencadenó la emisión de una orden de detención contra la activista, la que luego levantó tras llegar a un acuerdo con los representantes legales de De Bonafini.
Junto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, el juez ha citado a declarar en la causa a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
El magistrado busca determinar si hubo connivencia con funcionarios públicos para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.
