Esta audiencia llegará después de casi un mes de negociaciones medidas por el especialista Daniel Pollack.
Se producirá ocho días antes de que expire el período de gracia del que Argentina disponía para saldar la deuda de 1.500 millones de dólares.
Los acreedores que se negaron a aceptar las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010.
El tribunal de Nueva York anunció este miércoles una nueva audiencia entre el gobierno de Argentina y los acreedores que no se acogieron al canje de deuda, conocidos como "fondos buitres", que tendrá lugar el 22 de julio a las 10.30 hora local ante el magistrado Thomas Griesa.
Esta audiencia llegará después de casi un mes de negociaciones medidas por el especialista Daniel Pollack, designado por Griesa para llegar a un acuerdo entre las dos partes.
También se producirá ocho días antes de que expire el período de gracia del que Argentina disponía para saldar la deuda de 1.500 millones de dólares que tiene con los acreedores que se negaron a aceptar las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010.
Así, los abogados de, entre otros fondos especulativos NML Capitol LTD, el principal demandante, y abogados del Gobierno argentino se volverán a ver las caras ante Griesa en lo que se presupone un paso definitivo para la resolución de este pago, sujeto al llamado "pari passu" o pago simultáneo, y que tiene bloqueado el dinero de Argentina para poder pagar a otros acreedores.
Además, Griesa ha convocado a los representantes de los bonistas europeos (Euroclear Bank y Clearstream Banking) y al Bank of New York Mellon (al que el Gobierno de Argentina hizo un ingreso de 539 millones de dólares para pagar a otros bonistas y al que Griesa recomendó no efectuar el pago) para tratar sus respectivas mociones de clarificación.
El tribunal neoyorquino ha abierto también un plazo para nuevas mociones hasta el 21 de julio, hasta las 14.00 hora local.
Durante el período de negociación, que hizo al ministro de Economía de Argentina, Álex Kicillof, desplazarse hasta el despacho de Pollack el pasado 7 de julio, se ha estado buscando una manera de que los "fondos buitres" fueran pagados sin vulnerar la cláusula RUFO, que otorga el derecho a aquellos que se acogieron al canje de reclamar la totalidad de su deuda, lo que dispararía la deuda a unos impagables 120.000 millones de dólares.
La cláusula RUFO (derechos sobre futuras ofertas en sus siglas en inglés) caduca a finales del año 2014, y entre las opciones de pago que se barajan estaría un sistema de paquetes de títulos públicos como el que se está utilizando para abonar a Repsol YPF los 5.000 millones de dólares de indemnización por su expropiación de YPF.
