Una centena de acusados enfrentan un juicio tras el hallazgo de campamentos ilegales de inmigrantes y fosas comunes.
Los imputados arriesgan penas de cadena perpetua.
El imputado de mayor rango es el teniente general Manas Kongpan.
Un tribunal de Tailandia dicta sentencia contra los 103 acusados de tráfico humano en un juicio que comenzó en 2015 tras el hallazgo de campamentos ilegales de inmigrantes y fosas comunes en la frontera con Malasia.
Entre los acusados hay empresarios, policías y militares, quienes se enfrentan a condenas de cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de personas y hasta la pena de muerte en los casos de asesinato.
El imputado de mayor rango es el teniente general Manas Kongpan, a quien el tribunal le permitió durante el proceso prestar declaración a puerta cerrada después de que su defensa alegara que había peligro de que trascendieran secretos de Estado.
La organización Fortify Rights denunció en la víspera las amenazas a testigos e intérpretes durante el proceso y la falta de protección policial, como el caso del policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, se exilió y pidió asilo en Australia a fines de 2015 por las amenazas.
Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes bangladeshíes y de la minoría musulmana rohinyá -grupo apátrido perseguido en Birmania (Myanmar)- enterrados en la selva del sur del Tailandia, quienes murieron cautivos de las redes de tráfico.
El mes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a Tailandia del nivel 3 al 2 en su informe anual sobre Tráfico de Personas: estrato donde se encuentran las naciones que no cumplen los estándares pero realizan el esfuerzo por hacerlo.
