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Panaderos bolivianos deciden no fabricar más la marraqueta

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Autor: Cooperativa.cl

"La marraqueta desaparece del mercado hasta que nos den un precio real", afirmó el sindicato.

Trabajadores reclaman porque el Gobierno retiró el subsidio de la harina que se mantenía desde 2011.

Panaderos bolivianos deciden no fabricar más la marraqueta

"Ha muerto en La Paz la famosa 'marraqueta'", declararon los panaderos.

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Los panaderos de La Paz decidieron este miércoles no fabricar más la "marraqueta", que es el pan típico paceño y un emblema de la identidad de la ciudad, en el marco de una huelga contra el Gobierno boliviano que cumplió tres días, informó una fuente sindical.

"La marraqueta desaparece del mercado hasta que nos den un precio real", dijo a EFE el presidente de la Federación de Panaderos de La Paz, Félix Quenta, tras una reunión con los dirigentes nacionales del sector que hoy esperaron sin resultados que el Gobierno les convoque a dialogar sobre la protesta que realizan.

La huelga de los sindicatos de panaderos de La Paz y de la ciudad vecina de El Alto cumplió tres días en protesta porque el Gobierno retiró el subsidio de la harina que se mantenía desde 2011, lo cual afecta a sus ingresos, según el sector.

"Si no quieren llamar al diálogo, le han puesto una cruz al 'pan de batalla' y ha muerto en La Paz la famosa 'marraqueta'", advirtió.

Quenta explicó que la huelga terminará mañana y a partir del viernes los panaderos solo venderán lo que llaman "pan surtido", que es una pieza redonda, plana y de menor peso que la "marraqueta", que es voluminosa, con mucha miga, crujiente y que en teoría pesa 60 gramos.

La "marraqueta" fue declarada patrimonio cultural e histórico de La Paz en 2006 por las autoridades de este departamento.

Los panaderos sostienen que el pan plano costará 0,07 centavos de dólar, pero el Gobierno insiste en que tanto esa pieza como la "marraqueta", también llamado "pan de batalla", deben venderse a 0,05 centavos de dólar.

El dirigente consideró que el precio de la "marraqueta" debe ser fijado en un análisis económico "real y serio" de costos de producción junto con técnicos del Gobierno, pero bajo el control de los sindicatos para consensuar los resultados.

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