La justicia ordenó la detención de tres mineros más que aparecen vinculados con la muerte de la autoridad.
Se les acusa junto a otros seis trabajadores de asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de seguridad estatal.
Masiva fue la asistencia al funeral de Rodolfo Illanes.
Un juzgado ordenó la noche del domingo la reclusión en prisión de tres mineros más al ser imputados por el asesinato del viceministro boliviano de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
La Fiscalía de La Paz indicó en un comunicado que el minero Agustín Choque será recluido en el penal de máxima seguridad andino de Chonchocoro y que Clemente Colque y Paulino Layme irán a la cárcel de Patacamaya, situada en el altiplano. Con ello, nueve son los mineros detenidos por el caso.
Los mineros están acusados de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita de explosivos y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.
En la madrugada de este domingo, una jueza ya ordenó la prisión de otros seis mineros, entre ellos el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, también acusados por la supuesta comisión del delito de asesinato.
Con ese fallo, en Chonchoro estarán recluidos Mamani, Carlos Castro, René Cochi, Roberto Durán y Silvestre Flores, mientras que Julián Pinto también será internado en la cárcel de Patacamaya.
En todos los casos, la imputación de la Fiscalía señala que Illanes fue asesinado el jueves pasado tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz para mediar en el conflicto.
Explican origen del conflicto
El analista internacional y ex ministro boliviano, Gustavo Pedraza, explicó que el conflicto surgió tras la promulgación de la ley de cooperativas que reconoce la existencia de los sindicatos en el sector, y que era rechazado por los empresarios de la minería.
"El conflicto se ha configurado porque ellos no quieren aceptar la vigencia de esa nueva ley, y el Gobierno, pese a su desacuerdo en el sector minero lo aprobó y los mineros han tomado esto como una declaratoria de guerra. Ellos mismos lo han dicho y asumieron las medidas de bloqueo, de situaciones violentas", dijo Pedraza.
En tanto, para el analista Raúl Peñaranda, "a muerte con tortura de una autoridad en Bolivia" no había ocurrido hace tiempo, pero indicó que "hemos tenido eventos violentos en el pasado".
Peñaranda dijo que "ha sido mucho el impacto en la opinión pública y eso le ha favorecido mucho al Gobierno" de Evo Morales y añadió que "inmediatamente conocida la muerte del ministro, los cooperativistas suspendieron todas las medidas de presión".
