Controles se intensificaron a raíz de un caso de trata y tráfico de mujeres.
Solicitan que cesen los cierres de locales nocturnos, tras la clausura de dos conocidos clubes.
Las mujeres protestaron con los rostros cubiertos y portando pancartas en las que pedían que no se criminalice su trabajo.
Trabajadoras sexuales de La Paz y El Alto protestaron este jueves en ambas ciudades bolivianas contra los controles en los clubes nocturnos, que se intensificaron en los últimos días a raíz de un caso de trata y tráfico de mujeres en un local paceño.
Las mujeres se manifestaron primero en El Alto y luego en las puertas de la Alcaldía de La Paz, con los rostros cubiertos y portando pancartas en las que pedían que no se criminalice su trabajo y aseguraban estar en contra de la trata de personas.
Al grito de "no nos confundan, no somos proxenetas", las meretrices reclamaron a la Alcaldía de La Paz que cese los cierres de locales nocturnos, tras la clausura de dos conocidos clubes que funcionaban en el centro paceño.
"No vamos a permitir una cacería de brujas, ni el cierre de locales. (Si) quieren cerrar locales vamos a salir a las calles en La Paz a trabajar", advirtió la representante del sector, Lily Cortez, en declaraciones a los medios.
El municipio paceño dispuso en los últimos días el cierre de los clubes La Diosa y Katanas, después de que se denunciara al dueño del último local, Marco Cámara, por supuesta trata y tráfico de mujeres traídas desde Brasil, Colombia, Cuba, Paraguay y Venezuela.
La hija de Marco Cámara, Noemí, denunció la semana pasada que su padre y el administrador del club, Gustavo Fernández, traen a Bolivia mujeres de varios países con el engaño de convertirlas en modelos o darles trabajos legales, pero cuando están en La Paz o Santa Cruz son trasladas a centros nocturnos.
A las mujeres les quitan sus documentos y las obligan a prestar servicios sexuales bajo amenazas, agregó la denunciante, que también acusó a su padre de "violar a muchas mujeres".
Marco Cámara fue enviado el fin de semana a la cárcel paceña de San Pedro y Fernández al penal de Patacamaya, en el Altiplano, acusados ambos por los supuestos delitos de trata de personas y organización criminal.
