Millones de brasileños protestaron el domingo exigiendo la renuncia de la presidenta.
Actualmente hay 47 políticos -incluyendo 22 diputados y 12 senadores- investigados por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Aunque Rousseff no está investigada por el "caso Petrobras", el escándalo afecta su capacidad de gobierno, advierten analistas.
Algunos presidentes tienen que lidiar con protestas masivas en las calles, otros con escándalos de corrupción, dificultades económicas o aliados rebeldes. Pero la brasileña Dilma Rousseff enfrenta todo eso a la vez y la pregunta es cómo va a superarlo.
Los cientos de miles de personas que manifestaron este domingo en su contra en varias ciudades brasileñas son apenas la última señal de lo sombrío que se volvió el panorama para Rousseff, que en octubre logró una ajustada reelección.
Sólo en el centro de São Paulo hubo un millón de personas según la policía y 210.000 según la encuestadora Datafolha. Buena parte de los manifestantes reclamó la destitución de la mandataria por el escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.
"Tienen que salir Dilma y el PT (Partido de los Trabajadores) entero", dijo Ricardo Langer, un ingeniero de 42 años que fue a la protesta de Río de Janeiro: Está apareciendo cada vez más corrupción y la economía empeoró mucho", agrega.
Aunque varios juristas y opositores niegan que existan elementos para un impeachment de Rousseff, la magnitud de las protestas del domingo parece haber sorprendido al gobierno, que por la noche buscó responder a las demandas y recibió un "cacerolazo" en respuesta.
Analistas como Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad federal de Pernambuco, creen que Rousseff enfrenta una "tormenta perfecta" donde los problemas políticos y económicos se combinan con el creciente descontento social.
La tempestad "ya comenzó", dijo Melo a BBC Mundo.
Situación "grave"
Las señales de alerta no han parado de acumularse en el tablero de control del gobierno de Rousseff durante los últimos meses.
En el "caso Petrobras", la justicia habilitó investigaciones contra 47 políticos por presuntas vinculaciones a los sobornos pagados por firmas constructoras para obtener contratos con la petrolera estatal.
La lista de indagados incluye a varios aliados clave del gobierno, como los presidentes de ambas cámaras del Congreso, así como ex ministros de Rousseff y miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La Procuraduría descartó investigar a la propia presidenta, que encabezó el consejo de administración de Petrobras mientras ocurrían los supuestos sobornos. Algunos delatores sostienen que parte del dinero financió la campaña electoral de Rousseff en 2010.
A su vez, el escándalo aumentó el malestar de muchos aliados del gobierno en el Congreso (donde hay 22 diputados y 12 senadores bajo investigación), lo que generó más dudas sobre el respaldo legislativo real que tiene Rousseff.
Melo sostuvo que esto coloca en cuestión "la capacidad de la presidenta para dictar efectivamente la agenda de la política pública".
Esto ocurre mientras el gobierno prepara un ajuste fiscal que necesita aprobación del Congreso, y los inversionistas están tomando recaudos ante los riesgos que perciben.
El dólar subió 22 por ciento frente al real en lo que va de 2015, mientras hay previsiones de recesión económica este año y la inflación a 12 meses en febrero llegó a su mayor nivel en una década (7,7 por ciento).
"Lo que transforma la situación de Brasil (en algo) mucho más grave es que en este ciclo de crisis o dificultades económicas hay también una crisis política", explicó Carlos Antonio Luque, profesor de economía en la Universidad de São Paulo.
"Es muy difícil que los inversionistas recuperen la credibilidad en el país en medio de ese cuadro de incertidumbres políticas", agregó en diálogo con BBC Mundo.
"Estado democrático"
Brasil ya tuvo protestas masivas bajo el primer mandato de Rousseff, pero aquellas de 2013 contra la corrupción y los gastos del Mundial de Fútbol iban menos dirigidas al gobierno en particular y más a la clase política en general. Lo que ocurrió este domingo fue claramente contra la presidenta y su partido.
"Apoyo el impeachment a Dilma. Quiero a Dilma fuera del gobierno brasileño", dijo Marcela Machado, una carioca que trabaja en la producción estética y asistió a la manifestación en el barrio turístico de Copacabana.
Otros fueron más lejos: varios manifestantes en diferentes puntos del país llevaban carteles pidiendo una "intervención militar", justo el mismo día en que Brasil conmemoraba los 30 años del restablecimiento de la democracia.
Estas protestas convocadas por redes sociales fueron significativamente mayores que los actos sindicales a favor de Rousseff y en defensa de Petrobras del viernes, que reunieron 33.000 personas según la policía y 175.000 según los organizadores.
Algunos asistieron a ambas manifestaciones, como Hermes Alves de Moura, un carioca de 63 años que dijo haber votado al PT y llegó a la protesta de Copacabana con un cartel de "defensa de Petrobras y la soberanía nacional".
"Defiendo al pobre. Ellos defienden a los ricos", dijo señalando a los manifestantes: "La corrupción tiene que caer, pero ellos estuvieron 500 años saqueando al país. No comenzó ahora la corrupción", dijo a BBC Mundo.
Minutos después, varios manifestantes comenzaron a insultarlo y Moura tuvo que retirarse de la protesta custodiado por policías. Hubo otras escaramuzas en diferentes protestas, pero la jornada transcurrió pacíficamente.
Con encuestas que marcan un derrumbe en el índice de aprobación de Rousseff (pasó de 42 por ciento en diciembre a 23 por ciento en febrero, según Datafolha), el gobierno parece reaccionar con cautela frente a las protestas.
La propia Rousseff indicó días atrás que apoya el derecho a la libre manifestación en las calles, sin violencia, y su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo tras las protestas de este domingo (y de reunirse con Rousseff) que "Brasil vive un estado democrático que admite la disidencia" y "está muy lejos de cualquier alternativa golpista".
Mientras Cardozo hablaba y anunciaba el envío de propuestas anticorrupción al Congreso, se escucharon golpes de cacerolas y gritos de "fuera Dilma" en barrios de Río y São Paulo.
Pese a todo, el politólogo Melo evaluó que con varios ejecutivos presos y políticos investigados por el "caso Petrobras", muchos brasileños perciben que "las instituciones hasta ahora están funcionando".
"Eso no genera un sentimiento de desesperanza generalizado", agregó, "porque ahí sería muy malo para la gobernabilidad".
