Más de 10 mil uniformados y policías reforzarán hasta diciembre de 2018 la seguridad de la ciudad, que vive una grave crisis.
Junto con el aumento los homicidios y asaltos, los tiroteos han alcanzado un promedio de 15 diarios.
El anuncio coincidió con el inicio de una operación en que miembros del Ejército, apoyados por blindados.
El Gobierno brasileño anunció este viernes la movilización de 10.240 militares y policías para reforzar la seguridad en las calles de Río de Janeiro en medio de la ola de violencia desatada por una grave crisis financiera.
Autorizada en un decreto firmado por el presidente Michel Temer, el despliegue prevé un refuerzo de 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas, 620 de la Fuerza Nacional de Seguridad (cuerpo de elite de agentes de todo el país) y 380 de la Policía Federal de Carreteras.
Otros 740 agentes de la Policía Federal de Carreteras se sumarán a las operaciones pero en las fronteras del país, con la misión de combatir la entrada de drogas y de armas dirigidas a los grupos criminales locales.
"Los militares no participarán en ocupaciones de favelas, como en anteriores ocasiones. Serán usados como último recurso siempre y cuando sea necesario. Pero no descartamos que también ayuden a patrullar las calles", explicó el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en rueda de prensa.
Pese a que el decreto -que coincide con el inicio de una operación en que miembros del Ejército, apoyados por blindados- sólo autoriza el uso de los militares hasta diciembre de 2017 por limitaciones burocráticas, el ministro de Justicia, Torquato Jrdim, aclaró que la operación se extenderá hasta diciembre de 2018.
"Vamos a repetir la fórmula que usamos en los Juegos Olímpicos y que tuvo tantos resultados", dijo Jungmann, precisando que las intervenciones estarán pautadas por trabajos de inteligencia previos y serán sorpresivas para tener más efectividad.
Aumento de asaltos y homicidios y 15 tiroteos diarios
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, admitió que el Gobierno no retrocederá en su estrategia pese a que espera "reacciones", con posibles ataques de los grupos criminales a autobuses y comercios, como ha ocurrido otras veces.
La intervención militar fue solicitada por el propio gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, ante la grave crisis tanto fiscal como de seguridad que enfrenta ese estado y que coincide con la grave crisis económica que obligó al gobernador a declarar la quiebra por carecer de recursos para cumplir las obligaciones del Gobierno.
Los recortes afectaron han reducido el efectivo policial de Río de Janeiro en cerca de 3.800 hombres en los últimos dos años y la situación se ha agravado igualmente por el aumento del número de efectivos asesinados -91 en lo que va de 2017-, y por la corrupción en los cuerpos de seguridad.
Además del aumento de las tasas de homicidios y asaltos, también ha crecido el número de tiroteos en las calles, hasta un promedio de 15 diarios este año.
En tanto, los robos de cargas a camiones aumentaron 21 por ciento, hasta 1.041 en mayo, lo que es atribuido a la decisión de las bandas criminales de diversificar sus negocios y no limitarse al tráfico de drogas, el delito más combatido.
