El proyecto que se tramita en el congreso brasileño disminuiría de 18 a 16 años la edad para enfrentar a la justicia.
Distintos sectores han frenado la modificación por considerar que criminalizaría a los más jóvenes.
El gobierno brasileño sostiene que las cárceles en Brasil son "escuelas del crimen".
Una encuesta reveló que el 87 por ciento de los brasileños considera que la edad de responsabilidad penal debe ser reducida de 18 a 16 años, como plantea un proyecto de ley que tramita en el Congreso y al que se opone el Gobierno.
El sondeo fue realizado por la firma Datafolha y dice que sólo un 11 por ciento de las personas consultadas se declaró en contra de ese cambio en la Constitución, que también es rechazado por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras.
Según Datafolha, la encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y fue realizada entre los pasados 17 y 18 de junio, período en que fueron entrevistadas 2.840 personas en 174 municipios del país.
La propuesta ha sido impulsada en el Congreso por partidos de la oposición, pero también cuenta con apoyo de algunas formaciones que integran la base oficialista.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas de izquierda se han plantado contra ese posible cambio y argumentan que modificar la edad de responsabilidad penal no reducirá las tasas de inseguridad en el país y dificultará la recuperación de los menores que incurren en delitos.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el sistema penitenciario nacional está dominado por bandas de delincuentes con las que, en caso de aprobarse la reducción de la edad penal, deberán convivir los adolescentes infractores.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, afirmó la semana pasada que las cárceles brasileñas son "verdaderas escuelas del crimen" y propuso como alternativa aumentar el tiempo de reclusión de los adolescentes que cometen crímenes graves y duplicar las penas de los adultos que capten a menores de edad para cometer delitos.
Sin embargo, la propuesta ya ha sido aprobada en una comisión especial del Congreso que analizó el asunto y ahora depende de dos votaciones en el pleno de la Cámara de Diputados y otra en el Senado para ser aprobada.
