Son 70 los manifestantes que fueron detenidos siguen encarcelados.
Algunos llevan más de siete meses, "muchos sin cargos formales", explicó portavoz.
1.700 personas que tienen cargos pendientes no han recibido citación judicial.
Estados Unidos dijo estar preocupado por la "falta de debido proceso" o "garantías procesales" a los detenidos en relación con las protestas desatadas en febrero en Venezuela, como el opositor Leopoldo López y los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
"Estados Unidos está profundamente preocupado por la falta del debido proceso o de las garantías procesales de las personas detenidas en relación con las protestas en Venezuela", indicó este jueves la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.
La portavoz dijo también que aproximadamente 70 manifestantes que fueron detenidos siguen encarcelados, y algunos llevan más de siete meses, "muchos sin cargos formales".
Por otra parte mencionó que el juez que lleva el caso de López "ha denegado" su petición para presentar pruebas en su defensa y, según información de organizaciones no gubernamentales locales, 1.700 personas que tienen cargos pendientes no han recibido citación judicial.
"Aunque no todas esas personas están encarceladas, continuamos muy preocupados por los procedimientos opacos de la justicia", dijo.
Proceso público y justo
El Gobierno estadounidense pidió que las autoridades venezolanas informen "rápidamente" a todas las personas detenidas de los cargos de los que se le acuse y "o sean liberadas o se les garantice el debido proceso en un juicio público y justo en un tribunal independiente e imparcial sin retraso injustificado".
El juicio contra López empezó el pasado 23 de julio y desde antes de su inicio el equipo de abogados fue informado por el tribunal que lleva el caso de la imposibilidad de usar las pruebas que presentó, incluyendo los testimonios de 60 personas.
El Departamento de Estado recordó que en febrero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" ante supuestos "actos criminales" para castigar a los manifestantes y críticos con el gobierno.
Además seis relatores especiales de la ONU pidieron en marzo al Gobierno de Nicolás Maduro que aclarara las acusaciones de detenciones arbitrarias y de exceso de uso de la fuerza, incluido torturas y negación de asistencia legal.
"Sus preocupaciones fueron ignoradas por el gobierno venezolano", que "tiene la obligación de respetar los derechos humanos y las garantías de las libertades fundamentales por la ley internacional", señaló la portavoz.
