Millones de armas son vendidas cada año sin chequeos.
Pese a la gran cantidad de tragedias por tiroteos, el 52 por ciento de los estadounidenses prefiere el derecho a armarse.
El talón de Aquiles del sistema es el sistema mismo.
Ya es de noche y las salas de cine del Grand Theatre, en la ciudad de Lafayette, en el sur de Estados Unidos, están llenas de gente. De repente llega un sujeto con una pistola calibre .40 y empieza a disparar a diestra y siniestra.
Once personas reciben impactos de bala, dos de ellas mortalmente.
En medio de la confusión, llega la policía y acorrala al hombre armado, que tiene que esconderse de nuevo en el teatro.
Todo termina porque el pistolero -John Houser- se pega un tiro.
Es el ciclo más reciente de una tragedia que da vueltas una y otra vez en EE.UU., pero con diferentes víctimas y victimarios.
Seung-Hui Cho, lo hizo en abril de 2007 en el Tecnológico de Virginia: antes de suicidarse mató a 32 personas e hirió a otras 17. James Holmes fue el caso en julio de 2012: 12 muertos y 58 heridos, también en un cine, pero en un suburbio de Denver.
Ese mismo año, en diciembre, Adam Lanza mata a su madre y luego entra a una primaria en Newtown y acaba con la vida de 20 niños y 6 adultos para luego volarse los sesos.
El denominador común: sujetos con problemas mentales que lograron evadir de algún modo cualquier tipo de impedimento para acceder a un arma mortal por los vacíos legales existentes en las actuales regulaciones sobre control de armas.
Control de armas
Una de las paradojas que rodean las masacres y cualquier debate alrededor de un mayor control de armas en el país, es que los estadounidenses siguen defendiendo mayoritariamente el derecho a estar armados, un sentimiento tan arraigado como la segunda enmienda de la Constitución que lo garantiza.
En efecto, el más reciente sondeo de caracter nacional que estudia el tema, encontró en diciembre pasado que el 52 por ciento de los encuestados prefiere el derecho a armarse que favorecer algún control (46 por ciento) para sentirse seguros.
Y es que los vacíos legales en el sistema de control de antecedentes de quienes quieren comprar un arma son "abrumadores", para citar la expresión que usa EveryTown, un grupo de presión que aboga por mayores controles en la venta de armas de fuego.
Las leyes federales en EE.UU. solo exigen a las tiendas debidamente registradas realizar chequeos de antecedentes a los compradores.
Eso significa que millones de armas son vendidas cada año sin chequeos, principalmente en tiendas en internet o en ferias de armas a través de los llamados "vendedores privados".
Sujetos con antecedentes penales, personas con pasado de violencia doméstica o con graves problemas mentales, por ejemplo, saben que existen esos "corredores sin control" y los usan sin temor.
Base de datos
Pero los problemas no terminan allí.
Para aquellos que sí se someten a un chequeo -y que son criminales en potencia- también existen espacios para evadir cualquier control que le impida tener acceso a un arma.
Es el caso de John Houser, autor del tiroteo en el cine de La Fayette el jueves pasado, e incluso de Dylann Roof, acusado de la muerte de nueve personas en una Iglesia de Charleston el pasado 17 de junio, para hablar de los dos tiroteos más recientes.
El mayor inconveniente está en el Sistema Nacional de Chequeo Instantáneo de Antecedentes Criminales (NICS por sus siglas en inglés).
Millones de consultas a esta base de datos se producen anualmente y, en efecto, se ha evitado que muchas armas terminen en manos de criminales o enfermos mentales.
Sin embargo, el talón de Aquiles del sistema es el sistema mismo.
"La data es el problema real", asegura FixNICS (ArreglenNICS), que aboga por la actualización de esa base de datos nacional donde están los antecedentes penales o datos médicos de personas que no podrían comprar un arma.
El principal vacío está en el hecho de que los gobiernos estatales o municipales no envían información actualizada a Washington, ya sea por falta de presupuesto para esos procedimientos o por impedimentos legales que en muchos casos tienen que ver con el respeto a la privacidad de personas que padecen problemas mentales.
Por ello, la efectividad del chequeo de antecedentes es directamente proporcional al hecho de que la base de datos esté actualizada.
Pese a las obvias y públicas señales de tener una enfermedad mental -principalmente la decisión de un juez que le ordenaba tratarse sus problemas de violencia en 2008- John Houser pudo comprar la pistola calibre .40 en una casa de empeño en Alabama con la que mató a dos mujeres en el cine de La Fayette.
La clave es que Houser nunca fue hospitalizado en contra de su voluntad,elemento legal necesario para entrar en la base de datos.
Fue exactamente lo que ocurrió con Seung-Hui Cho, protagonista de la peor masacre llevada a cabo por una sola persona en la historia de Estados Unidos.
A pesar de que Cho sufría de un severo desorden de ansiedad, como nunca fue hospitalizado, su historia médica jamás llegó a una base de datos y eso le permitió comprar armas y matar a 32 personas en un campus universitario.
Algo similar ocurrió con Roof. Aun cuando tenía un caso criminal pendiente por posesión de drogas, errores en el papeleo de su archivo en el FBI provocaron que finalmente le dieran luz verde a la compra del arma con la que cometió el crimen en la iglesia metodista, una pistola calibre .45.
Por ello, parece quedar corta la afirmación del presidente Barack Obama, quien en repetidas ocasiones ha dicho que es un fuerte creyente "en la aplicación de leyes que ya existen" para mantener las armas lejos de las manos de criminales y enfermos mentales
Pero por casos como el de Houser, Cho y otros tantos es que los críticos aseguran que no basta su aplicación, sino que es necesaria una completa transformación de la metodología en el chequeo de antecedentes.
Y a todos estos vacíos legales y errores en el sistema de controles vigentes hay que sumarle un factor que agrava mucho más el escenario de violencia en Estados Unidos: el robo de armas.
