La vicepresidenta y la consejera de Educación también forman parte de la querella.
Se les acusa de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Más de dos millones de personas participaron en la votación.
La Fiscalía General del Estado español presentó hoy una querella contra el presidente de la región de Cataluña, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta soberanista informal del pasado 9 de noviembre.
La querella, anunciada días atrás, fue formalizada hoy y se dirige también contra la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos.
El 9 de noviembre, más de dos millones de residentes en Cataluña participaron en una votación sin carácter vinculante acerca de la eventual soberanía del territorio catalán y que el Gobierno español considera ilegal.
El Ejecutivo central impugnó ante el Tribunal Constitucional tanto la consulta legal que las autoridades catalanas querían promover el 9N como la posterior iniciativa, considerada ya un proceso de participación para expresar el deseo de poder votar legalmente sobre la soberanía.
La pretensión de los nacionalistas catalanes de poder votar legalmente sobre la eventual soberanía del territorio ocupa desde hace meses un lugar central en la política española y es rechazada por el Gobierno del PP (centroderecha) y por el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista), ya que ambos la consideran contraria a la Constitución.
