La banda estaría integrada por su ex mujer y varios de sus ex ministros, entre otras personas.
El fiscal sostiene que este grupo se enriqueció con presuntos delitos de corrupción contra la administración pública
El ex presidente peruano Alan García está considerado como el presunto líder de una supuesta organización criminal de lavado de activos, integrada por una treintena de personas allegadas al ex mandatario, como su ex mujer, la argentina Pilar Nores, y varios de sus ex ministros, según el fiscal que lo investiga, informó hoy el diario La República.
El rotativo señaló que el fiscal José Antonio Castañeda, a cargo de la investigación, no solo decidió ampliar la investigación por los próximos 36 meses sino que además lo hizo bajo la Ley contra el Crimen Organizado, al considerar que se trata de un proceso complejo por el elevado número de implicados.
Entre la treintena de imputados también están los ex ministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, además de Facundo Chinguel, ex presidente de la comisión de gracias presidenciales, condenado a nueve años de prisión por la excarcelación o reducción de pena de 3.000 narcotraficantes a cambio de sobornos.
Según el mismo diario, el fiscal sostiene que este grupo se enriqueció con presuntos delitos de corrupción contra la administración pública y mantuvo un funcionamiento "debidamente estructurado, con alcance nacional e internacional" y "con permanencia y regularidad en el tiempo".
Castañeda, titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, decretó la reserva absoluta de su expediente.
Odebrecht, "narcoindultos" y "matanza de los penales"
Las diligencias se realizan de manera paralela a la otra investigación que la Fiscalía mantiene abierta contra García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno para adjudicarse millonarias obras públicas, como el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
García fue investigado por corrupción y violación a los derechos humanos tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011.
Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le responsabilizó de la denominada "matanza de los penales", que dejó a más de 100 reclusos sentenciados por terrorismo muertos durante un motín, pero se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito.
Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una "megacomisión", que descubrió distintos escándalos como los "narcoindultos".
Sin embargo, García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del expresidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.
Una reciente encuesta de la organización civil Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional (TI), indicó que la mayoría de los peruanos considera al segundo mandato de García como el más corrupto de los últimos años.
