Defensor sostuvo que "se trata de un procedimiento indebido irregular y abiertamente ilegal".
Las víctimas consideran que el indulto es un incumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana.
Cabe señalar que además cuestionaron la legitimidad y legalidad del certificado de salud de Alberto Fujimori.
La representación de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos ocurridas en Perú durante la Presidencia de Alberto Fujimori, pidieron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que revoque el indulto que el Gobierno le otorgó de forma "arbitraria, irregular e ilegal".
"Hay hechos abiertamente irregulares e ilegales que no justifican un indulto de enfermedad grave ni que las condiciones carcelarias no fueran las adecuadas (...). Se trata de un procedimiento indebido irregular y abiertamente ilegal, un procedimiento oscuro y tras bambalinas", dijo el abogado defensor Carlos Rivera.
Las declaraciones fueron dadas hoy ante la Corte Interamericana, que escuchó a la representación del Estado de Perú, posteriormente a los representantes de las víctimas y además la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La Corte Interamericana también condenó a Perú por estos casos en el año 2001 por Barrios Altos y en 2006 por la Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.
Por ello, las víctimas consideran que el indulto es un incumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana.
"Un acuerdo político"
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el 24 de diciembre pasado un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años. Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia presidencial, por lo que el ex gobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima).
"El indulto fue concedido como una medida arbitraria y desacata la medida del Tribunal (...). El indulto es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes de lesa humanidad y su aplicación constituye un beneficio indebido", explicó ante la Corte la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Krsticevic.
Según la defensa, el indulto se trata de un acuerdo político bajo un contexto en el cual la bancada de la fracción legislativa fujimorista ha arrinconado al Gobierno porque cuenta con el control del parlamento.
Una de las víctimas de la masacre de la Cantuta, Carmen Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó ante los jueces que el indulto "no es humanitario, significa un insulto a la memoria y la dignidad de nuestros hermanos, padres e hijos. El indulto reafirma la muerte de cada una de las víctimas".
"Venimos aquí no como un acto de odio o de venganza, sino de justicia, una justicia que hemos ganado. Venimos buscando justicia y eso exigimos y esperamos que nuestra lucha no sea pisoteada, que la lucha permanente no se nos arrebate", dijo Cóndor.
"El indulto no es impunidad"
En tanto, la representación del Estado de Perú defendió la decisión del mandatario afirmando que "el indulto no es impunidad"
"La impunidad es la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena. En el caso del condenado Fujimori el Estado lo procesó, lo juzgó, lo condenó a la pena máxima y ha cumplido casi la mitad de la misma", afirmó en la audiencia ante la Corte el agente del Estado Jorge Villegas.
El Gobierno peruano sostuvo que a Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes, y porque la prisión agrava la condición, que puede llegar hasta ocasionarle la muerte.
"El indulto no es un perdón de la pena, es una condonación de parte de los seres humanos. Los indultos no contravienen la convención, sostener lo contrario es sostener que un condenado por violación de los derechos humanos carece de ellos", destacó Villegas.
El representante además indicó que "el dolor de las víctimas, que el Estado respeta y que sus ciudadanos compartimos, las lleva bajo una teoría de conjura política cuyos fundamentos han sido debatidos".
