Durante el Gobierno de Fujimori 1.500 mujeres fueron intervenidas para sin su consentimiento para que no tuvieran hijos.
Producto de la intervención fallecieron 18 mujeres.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori un grupo de mujeres peruanas que dicen haber sido esterilizadas sin su consentimiento denunciaron que llevan 18 años sin que se investigue y enjuicie a los responsables.
Las integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) de Cuzco y del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres esterilizadas de Huancabamba, en la región de Piura, participaron en un foro para compartir estrategias que impidan que sus denuncias sean otra vez archivadas.
La presidenta de la AMAEF, Rute Zúñiga, comentó que el objetivo de su asociación es "evitar que la investigación quede detenida nuevamente por dificultades logísticas, materiales, humanas o por presiones políticas de los que ejercieron responsabilidades durante la aplicación del programa de esterilizaciones forzadas".
Zúñiga destacó el deseo de su entidad de contribuir a la investigación de la Fiscalía para actualizar los datos y testimonios de las víctimas consideradas en su denuncia, dada la desconfianza que existe por parte de las mujeres respecto a la disposición de la justicia a investigar y juzgar los casos a pesar de que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima aceptó en mayo un recurso de queja interpuesto por los abogados de las víctimas para reanudar las pesquisas.
Organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas para ser esterilizadas sin su consentimiento durante el Gobierno de Fujimori, mientras que la Defensoría del Pueblo de Perú señala que 18 de ellas murieron aparentemente a causa de esas prácticas.
En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
