En un escenario sin precedentes históricos, el Reino Unido se prepara para iniciar -este 29 de marzo- su ruptura formal con la Unión Europea, bloque comunitario del que ha sido miembro durante cuatro décadas.
El Reino Unido empezará una nueva andadura al margen del bloque de los 27, al comenzar a establecer los términos de su "divorcio", después de que los británicos votaran a favor de desligarse de la Unión en el referéndum del 23 de junio de 2016.
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, tiene ante sí un escenario difícil, pues debe buscar -en el plazo fijado de dos años de negociaciones- un acuerdo que satisfaga a las naciones que conforman el Reino Unido y también a la UE.
El procedimiento
Está previsto que el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, haga entrega mañana personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la carta en la que Londres notifica que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el proceso para la salida de un país comunitario.
A partir de ahí, empieza la cuenta atrás para consumar la desconexión, que deberá hacerse efectiva, según los planes previstos, el 29 de marzo de 2019.
La primera ministra Theresa May, sucesora de David Cameron, dirige desde Downing Street el proceso. (Foto: EFE)
También mañana, paralelamente, May acudirá al Parlamento para informar a los diputados en la Cámara de los Comunes que el país activó el artículo 50.
Los medios locales anticipan hoy que Tusk hará una breve declaración y, al día siguiente, el presidente del Consejo Europeo hará circular entre los 27 países miembros un borrador sobre cuáles serán las directrices de negociación con Londres, que serán adoptadas formalmente en la cumbre especial organizada para el próximo 29 de abril en Bruselas.
La "factura de divorcio"
Se espera que ambas partes establezcan en las negociaciones los términos de la salida británica y decidan cómo serán sus futuras relaciones comerciales. En este ámbito, las partes abordarán el costo que tendrá que asumir Londres por el quiebre (al que los medios se refieren como "la factura del divorcio"), el estatus legal de los ciudadanos expatriados y la división de los activos comunitarios.
Ambas partes deberán aclarar qué ocurrirá con la situación legal de los comunitarios que viven en este país, así como con los británicos que residen en el continente tras el "brexit" y tendrán que resolver, entre otras cosas, qué ocurre con las pensiones que cobran esos ciudadanos cuando Londres camine en solitario.
El ministro del Reino Unido para la salida de la UE, David Davis, ha rechazado -en declaraciones a la BBC- que su país vaya a pagar a Bruselas la cantidad de 50.000 millones de libras (57.800 millones de euros), como se ha barajado.
Pensiones, ciudadanía e inmigración son parte de los temas que han de constar en las negociaciones. (Foto: EFE)
"Cumpliremos, por supuesto, con nuestras obligaciones internacionales, pero también esperamos que se respeten nuestros derechos. No creo que vayamos a hablar de esas cantidades", dijo Davis anoche en un programa especial del "brexit" en la BBC.
El ministro aseguró, además, que el Ejecutivo cuenta con "planes de contingencia" en caso de que no se logre un acuerdo comercial con la UE, pero recalcó que el objetivo es obtener un "amplio" pacto.
Además, sobre el tema de la migración -un factor determinante a la hora de que los británicos se inclinaran por la opción del "brexit" en el plebiscito-, Davis apuntó que los niveles de inmigración tendrán que aumentar "de vez en cuando" pues hay industrias y servicios públicos que dependen de mano de obra extranjera.
Sus declaraciones han sido interpretadas como una señal de que la salida británica del bloque no resultará en una caída dramática en la migración neta en este país.
