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Cinco de los seis ex presos de Guantánamo quieren quedarse en Uruguay

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Autor: Cooperativa.cl

Tres sirios, un tunecino y un palestino ya están totalmente insertados, según abogado.

El sexto, el sirio Jihad Ahmad Diyab, "tiene opiniones cambiantes al respecto".

Cinco de los seis ex presos de Guantánamo quieren quedarse en Uruguay
 EFE Archivo / Referencial

El sirio Ahmad Diyab fue detenido en Pakistán en 2002 como sospechoso de integrar células del grupo Al Qaeda.

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Cinco de los seis ex reclusos del penal de Guantánamo, Cuba, acogidos por Uruguay desde diciembre de 2014, tienen "voluntad de quedarse" en el país, mientras que el sexto, el sirio Jihad Ahmad Diyab, "tiene opiniones cambiantes al respecto", dijo este jueves a EFE el abogado de los hombres, Mauricio Pígola.

"Cinco (tres sirios, un tunecino y un palestino) ya están totalmente insertados, con vivienda y llevando la vida con absoluta normalidad. Se está profundizando en el idioma para lograr la inserción laboral, pero están teniendo buen avance hasta ahora", explicó el letrado, que aclaró que ninguno está trabajando todavía.

No obstante, tres de los ex presos viven en pareja con tres uruguayas convertidas al Islam, con quienes se casaron en ceremonias religiosas sin trascendencia jurídica, y uno de ellos, el tunecino Abdul Bin Mohammed, está esperando un hijo.

"Todos tienen voluntad de quedarse. Por ahora su objetivo es permanecer en el país y conforme avanza el tiempo irse adaptando. Jihad tiene opiniones cambiantes al respecto. Se ha planteado irse y quedarse", agregó el abogado.

El sirio Ahmad Diyab fue detenido en Pakistán en 2002 como sospechoso de integrar células del grupo Al Qaeda.

Como el resto de los ex reos llegados a Uruguay, permaneció más de una década en Guantánamo sin que EE.UU. formulara cargos en su contra y fue liberado el pasado diciembre en Montevideo como parte de un acuerdo entre el gobierno de Barack Obama y el del entonces presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015).

El sirio fue el único de los seis que no quiso firmar el acuerdo institucional que les brinda vivienda y ayuda económica durante un año, con opción a dos, que se materializó después de que cuatro de sus compañeros llevaran a cabo una protesta de casi un mes ante la embajada de EE.UU. en Montevideo para reclamar mayores ayudas.

El país norteamericano no atendió su reclamo, pero el gobierno uruguayo trató de institucionalizar su proceso de adaptación e inserción en el país por intermedio de un convenio con una ONG representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que les brinda apoyo financiero y una vivienda en alquiler a cada uno.

Asentados en vivienda, menos uno

Cuando llegaron al país, los seis se alojaron en una casa facilitada por la mayor central sindical uruguaya, el PIT-CNT, y actualmente todos están asentados en su vivienda correspondiente, salvo Jihad, el más afectado por su experiencia en Guantánamo, que fue el último en abandonar el inmueble sindical.

"Jihad todavía no tiene casa. Dejó la casa del PIT-CNT y ahora tengo entendido que se le está pagando (el Gobierno) un lugar para que viviera. Él no firmó acuerdo. No ha querido ampararse al régimen", destacó Pígola.

Ante la ausencia de la firma, "no está resuelta cuál sería la situación exactamente", agregó el abogado, que destacó que pese a ello se mantiene su régimen de refugiado.

"La consecuencia es que si no se adapta al plan que fue hecho específicamente para ellos se va a tener que amparar al régimen general de refugiados que es un poco menos beneficioso", aseveró.

Del resto, la adaptación "ha sido sorprendentemente rápida, tienen la barrera idiomática, están aprendiendo (el español) pero se vienen adaptando bien, conociendo la cultura y cómo se trabaja", concretó Pígola.

La política de refugio de Uruguay se topó esta semana con otra controvertida situación después de que cinco familias sirias, que huyen de la guerra de su país y refugiadas desde octubre de 2014 en la nación suramericana, decidieran acampar frente al edificio del Gobierno uruguayo en Montevideo.

El objetivo es que se les facilite la salida del Estado, principalmente hacia Líbano, dado que estiman que las ayudas que reciben no les aseguran un futuro digno.

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