El mandatario afirmó que prolongará el decreto por 60 días más, con lo que cumplirá un año de vigencia.
El Parlamento deberá discutir la medida, la que ya rechazó en sus cuatro extensiones previas argumentando que es inconstitucional.
Maduro explicó que la extensión es para "seguir gobernando la guerra económica y la crisis" en Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió este domingo por quinta vez el llamado decreto de "Estado de excepción y emergencia económica" por 60 días más, una norma que debe ser enviada al Parlamento para su aprobación, el que ya la ha rechazado en sus anteriores extensiones.
"Procedo constitucionalmente a prorrogar el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional para seguir gobernando la guerra económica, para seguir gobernando la crisis", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.
El presidente venezolano detalló que esta decisión será publicada en Gaceta oficial y que la prórroga será de 60 días, con lo que el estado de excepción cumplirá un año de vigencia, "para seguir gobernando y enfrentando la situación económica y apoyando a nuestro pueblo".
La declaración de emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El decreto fue puesto en marcha desde el 14 de enero pasado pese a la desaprobación de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Desde que se emitió el decreto y en las cuatro extensiones anteriores, el poder Legislativo ha argumentado que la norma desconoce la Constitución y "el dolor de las familias venezolanas" frente a la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, además de la inflación galopante.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en todas las anteriores oportunidades la constitucionalidad del decreto que, según afirma, responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos e instituciones "de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país".
En esta ocasión, se espera que la quinta prórroga de este decreto sea discutida en el Parlamento y que también se pronuncie nuevamente el TSJ.
