La Cámara Nacional de Comercio (CNC) que representa al sector del retail, manifestó sus aprensiones respecto al nuevo reglamento presentado por el Gobierno sobre consentimiento en contratos financieros, con el cual las empresas no podrán terminarlos si el consumidor no acepta las modificaciones.
Su presidente, Ricardo Mewes, dijo a Cooperativa que la medida puede generar el surgimiento de contratos perpetuos.
"No es una buena forma de llevar adelante la relación que existe entre el consumidor y la empresa. Por lo tanto, desde ese punto de vista no nos gusta que no se le pueda poner término respetando los acuerdos anteriores en términos de plazos, pero llega un minuto en que hay que ponerle término a los contratos. De lo contrario, pasaríamos a tener una especie de fijación de precios", expresó.
A la crítica del retail se sumaron los bancos que, mediante un comunicado, aseveraron que la propuesta fomenta los contratos vitalicios y atenta contra la libre competencia. Lo concreto es que el anuncio surge tras una propuesta de los senadores del PPD, Eugenio Tuma y Felipe Harboe.
Tuma sostuvo que los contratos deben ser regulados por ley y no con un reglamento: "Esto debería ser garantizado por ley y no por un reglamento y, por tanto, le viene mucho más sólido una ley porque va a permitir la participación, va a permitir modificar el proyecto de acuerdo a su perfeccionamiento, le da certeza jurídica a los usuarios y a los proveedores".
Modificación de contratos vigentes
Respecto a los 17 millones de contratos financieros vigentes en el país, tras este anuncio el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que los actuales contratos solo se modificarán si así lo declara explícitamente un cliente.
"Las condiciones de los contratos, en general, son puestas por el proveedor. En la medida que esto sea un contrato vigente, efectivamente el consumidor tiene el derecho a que se le respeten las condiciones pactadas inicialmente. En el caso que quiera modificar sus contratos, tiene que ofrecerle condiciones a los consumidores que sean aceptadas por parte de los consumidores", indicó.
Para efectuar cambios en los contratos, las entidades deben informar a sus clientes mediante cartas, mail, cajeros automáticos o mensaje de texto. La respuesta del consumidor debe ser explícita usando una clave secreta. Todo entrará en vigencia tras el proceso de consulta pública que se extenderá hasta el 18 de agosto.
