Un informe llama a las autoridades a asumir sus responsabilidades.
La "Ley Hinzpeter" será fundamento para utilizar la fuerza contra "legítimos manifestantes", acusaron.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó este lunes su informe anual, en donde en uno de sus apartados califica como "irracional y desproporcionada" la acción de Carabineros en las marchas vividas en los años 2010 y 2011.
"Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia", concluye el documento.
El estudio entra en la contingencia política al asegurar que la denominada "Ley Hinzpeter" -bautizada así en alusión al ex ministro del Interior que estuvo detrás de la normativa- que se discute en el Congreso, servirá "como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes".
El documento llega a contradecir lo manifestado este domingo por Hinzpeter en una entrevista, quien aseguró que bajo su mandato "Carabineros y el Gobierno actuaron bien. Respetaron el derecho a manifestarse, que es un derecho humano y nunca dejaron de cuidar el derecho de otros ciudadanos a vivir en paz".
El informe además apunta a la "Ley antidiscriminación", asegurando que ésta "aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes".
En otros temas, el documento resalta la poca participación de mujeres en política y la desigualdad de género, acusando en el caso de los pueblos indígenas una "doble discriminación". Además, uno de los temas inéditos es la condición de los refugiados en Chile, quienes según el informe viven una condición de discriminación estructural que atraviesa estratos sociales, políticos, raciales y económicos.
La directora del centro a cargo del estudio, Judith Schönsteiner, recomendó modernizar la labor de los funcionarios policiales y capacitaciones para los empleados de las diversas áreas del estamento público.
"Hay que efectivamente asegurar que fiscales, jueces, Carabineros y otros funcionarios públicos, también en servicios de Salud, sepan qué es la discriminación prohibida, sepan reconocer una persona Trans, por ejemplo", detalló.
Por su parte, el académico y editor general del informe, Alberto Coddou, se refirió a la "Ley Hinzpeter", asegurando que "no cumple con el objetivo que dice cumplir, que es regular la protesta social, lo único que hace la ley es aumentar la duración de penas y aumentar las formas de comisión de delitos, y nosotros creemos que evidentemente, dados todos los signos políticos de los que hemos sido testigos, esto es un intento por criminalizar la protesta social".
