Diversas reacciones generó la publicación, por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una serie de recomendaciones al Estado de Chile para el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Tras el escrutinio que se efectuó el pasado 7 y 8 de julio en Ginebra, el Comité solicitó a Chile incluir en el proyecto de ley sobre la modificación de la prohibición del aborto la despenalización en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.
La Presidenta Michelle Bachelet anunció el 21 de mayo una iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo sólo en casos de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.
La inclusión del incesto "es una sugerencia de un organismo internacional que tendrá que ser analizada en su mérito. Si se adopta una decisión será anunciada oportunamente", respondió escuetamente en La Moneda el ministro vocero, Álvaro Elizalde.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, recordó que "Chile va a discutir una ley que termine con la penalización del aborto en tres condiciones, que tienen que ver con inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación, por lo tanto, no necesitamos que nadie nos inste a avanzar en aquello que está en el programa de la Presidenta".
Valoró en mayor medida el planteamiento la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, quien recordó que en Chile 17 mil mujeres se practican abortos cada año, de las cuales la mitad serían voluntarios.
"A mí me gustaría que me dijeran qué es más grave: que la mujer aborte o que la mujer siga adelante con el embarazo y ese niño sea regalado o lastimado, maltratado, el resto de la vida", planteó Román.
"Más allá de ver la transversalidad de la vida hay que ver la transversalidad del derecho; el derecho de la mujer a decidir si no quiere seguir, porque es muy impactante ser violada, y mucho más si eres violada por alguien de tu familia", reflexionó la matrona.
Leyes de Amnistía y Antiterrorista
El Comité ONU también solicitó a Chile que derogue la Ley de Amnistía para asegurar que ningún crimen de lesa humanidad quede impune y no quede espacio a la interpretación de este precepto.
Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, la vigencia de esta norma "pasa por un tema de voluntad política".
"Probablemente habría bastante resistencia de algunos grupos, particularmente militares, en dejarla sin efecto, y eso, por supuesto, tiene ciertos costos y hace que se dificulte poder avanzar", indicó.
"Además, el hecho de que no se ha aplicado hace que se vea como algo menos urgente. (Sin embargo), el hecho de que esté vigente permite que se use, y eso es un riesgo muy grande para asegurar la verdad, justicia y reparación de las víctimas", señaló Piquer.
Con respecto a la Ley Antiterrorista, el Comité "sigue preocupado ante la definición de terrorismo", que "es demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación".
"Se cororobora lo que hemos dicho sobre la Ley Antiterrorista, no sólo respecto a los vicios procesales que puede tener, sino que de la definición de terrorismo", reaccionó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries.
"Eso no se había dicho tan explícitamente como ahora en el comité, pero también entendemos, como Instituto, que hay un margen que tiene que estar entregado también a la deliberación democrática sobre estos temas, y es eso lo que tiene que poner en juego el Gobierno en los próximos años, de manera que podamos decir que Chile ha avanzado en el respeto y garantía de los derechos humanos", expresó la abogada.
