En un fallo unánime la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó una sentencia anterior dictada por el ministro en visita Alejandro Solís, que condenó a cinco ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en la aplicación de torturas al actual diputado independiente Sergio Aguiló Melo.
Los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz confirmaron las penas de tres años de cárcel para Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Manuel Gallardo Sepúlveda; y 61 días para Carlos Contreras Ferrada y Sergio Díaz Lara.
No obstante, "a todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena", informó el Poder Judicial en su sitio web.
"Sergio Aguiló Melo fue aprehendido, inculpado como militante de la Izquierda Cristiana, en la vía pública, el 4 de diciembre de 1981, por agentes de la Central Nacional de Informaciones y trasladado al recinto de calle Borgoño, en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la Izquierda Cristiana y para que delatara a otros de sus miembros", consignó el fallo de primera instancia, de julio del año 2012, del ministro Solís.
Álvaro Corbalán Castilla, el ex jefe de la CNI, es uno de los cinco imputados en esta causa. (Foto: UPI / Archivo)
La Justicia dio por acreditado que los torturadores incluso amenazaron al hoy parlamentario "con matar a su hija de dos años de edad, exhibiéndole fotografías de niños que habrían desaparecido en poder de ellos. También le amenazaron con torturar a su esposa en su presencia; lo hicieron posar ante una cámara de filmación con una ametralladora tipo AKA, haciéndole escribir varias declaraciones".
A consecuencia de estos apremios, el ingeniero "presenta un trastorno por estrés postraumático en remisión parcial y, en la actualidad, persisten algunos síntomas leves que no limitan su funcionamiento diario. Por otra parte, mantiene un trastorno depresivo recurrente, actualmente asintomático gracias al tratamiento antidepresivo que se auto medica".
Sobre tales sucesos, la sentencia "reconoce la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, de lo que deriva la inadmisibilidad de institutos como la prescripción, que pretenden excluyentes de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la tortura, acciones prohibidas por contravenir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", consigna el fallo (ver archivo adjunto).
