No son "un caso aislado", dijo la directora, Lorena Fries.
"Lo que se describe son prácticas de tortura", advirtió.
El INDH se hará parte de las acciones judiciales.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, afirmó, ante una nueva denuncia por apremios ilegítimos al interior de un cuartel de la PDI, que no se puede hablar de ésta como "un caso aislado".
Antes de su retorno al país, tras participar de la 26° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, Fries señaló a El Mercurio que está preocupada del caso que investiga la Fiscalía Sur contra cuatro oficiales de la policía civil en la Bicrim de San Ramón que habrían golpeado, amenazado y torturado a un detenido en 2012.
"Estamos preocupados y se lo manifestamos a la PDI en su momento. No es efectivo de que estos casos son aislados. Más de uno ya no es un caso aislado. Está convirtiéndose en una práctica habitual que existe al interior de la institución, y eso es grave", advirtió la abogada.
"Lo que se describe son prácticas de tortura", apuntó Lorena Fries, anticipando acciones legales para hacerse parte del proceso, como se hizo en otro caso similar en Pudahuel.
La directora del INDH afirmó que la PDI deberá abrir un sistema de formación y capacitación para evitar estas situaciones futuras, sancionando a sus responsables.
Precisamente en su intervención ante la ONU, la personera llamó la atención sobre la demora en Chile de la implementación del "mecanismo nacional de prevención de tortura".
PDI: Hay un compromiso con la justicia
Tras el denunciado caso de San Ramón, la Policía de Investigaciones señaló por medio de su Jefatura de Asuntos Públicos que se encuentra indagando la situación.
De acuerdo a la entidad, existe un "sumario en curso" y reiteró "su más absoluto compromiso con la justicia y la probidad funcionaria, rechazando toda conducta que se aparte de los principios, valores y doctrina institucional", afirma El Mercurio.
Otro caso que está siendo investigado por la justicia es un proceso contra tres oficiales de la Bicrim de San Bernardo, quienes están bajo sospecha por los delitos de detención, entrada y registro ilegal de inmueble, además de falsificación de parte policial, episodio que concluyó con la detención irregular de una mujer por dos años.
