La decisión de Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI (Central Nacional de Informaciones), de solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet ser indultado por razones humanitarias causó rechazo entre familiares de las víctimas de la dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó que no hay duda de que "el Gobierno ha tenido voluntad política" y que no hay duda que "no ha cumplido con su programa respecto a las violaciones de derechos humanos".
Sin embargo, sostuvo que "hoy quien es el principal actor que permite la impunidad de los genocidas es el Poder Judicial".
Desde el Gobierno, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, indicó que una cosa es que el indulto forme parte del orden jurídico del país, pero otra es la posición de La Moneda respecto a los casos de lesa humanidad.
"Como todo indulto, forma parte también de los procedimientos que hoy existen en nuestro Estado de derecho, nuestro orden jurídico y, por lo tanto, tiene que ocurrir con todos los procedimientos que están establecidos", indicó.
Añadió que "otra cosa es que nosotros tengamos una postura clara respecto de la imprescriptibilidad de todos los delitos de lesa humanidad".
"Confiamos en que la autoridad va a aplicar la ley".
La próxima semana, el mayor en retiro del Ejército se reunirá con su defensa en el penal Punta Peuco para definir la petición de indulto.
El abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Raúl Meza, reiteró que Corbalán padece el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH), una patología sistemática autoinmune que le habría generado una ceguera total en el ojo izquierdo y, hasta ahora, una parcial en el derecho, lo que lo dejaría sin visión de aquí a cuatro años.
También dijo que existen registros médicos de su condición médica, lo cual pondrán en conocimiento del Ministerio de Justicia para que se le dé luz verde al indulto.
"Esperamos que ese Estado de derecho, que en muchos casos ha sido negado a muchos militares condenados de Punta Peuco, hoy de acuerdo a los mismos dichos de la autoridad de Gobierno, sea valorado y sea calificado de manera objetiva e imparcial y se determine, si de acuerdo con la ley, él cumple con los requisitos para optar a este beneficio del indulto particular", declaró el abogado.
Meza sentenció que "confiamos en que la autoridad va a aplicar la ley".
En caso que se concrete la petición de indulto, los antecedentes serán remitidos al ministro de Justicia, Jaime Campos, quien deberá enviar un informe a la Mandataria, la cual también debe pronunciarse por la solicitud de otros tres internos de Punta Peuco.
