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Dejan libre a militar que torturó a general Bachelet tras declararlo con demencia

Especialistas declararon a Edgar Cevallos Jones con demencia mixta, por no ser autovalente y considerar que su enfermedad es "severa e irreversible".

Ángela Jeria y agrupaciones de DD.HH. pueden apelar a la decisión de la justicia.

La justicia decretó este martes la ex carcelación del militar Edgar Cevallos Jones, condenado por torturar hasta la muerte, en 1974, al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta Michelle Bachelet.

El ministro en visita, Mario Carroza, indicó hoy que Cevallos Jones fue declarado en estado de demencia después de recibir los informes médicos del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile y del Servicio Médico Legal.

Los psicólogos y psiquiatras que lo evaluaron consideraron que Cevallos Jones presenta una "demencia mixta", "no es autovalente" y que su enfermedad es "severa e irreversible", indicó la resolución.

"Se declara que el condenado Edgar Benjamín Cevallos Jones no cumplirá la sanción privativa de libertad impuesta mediante sentencia ejecutoriada, por haber caído en enajenación mental, y será puesto en libertad y entregado a la brevedad a sus familiares bajo custodia", agregó el dictamen.

El general Bachelet, quien se negó a unirse al golpe militar, murió en una cárcel de Santiago el 12 de marzo de 1974, debilitado por las torturas que sufría periódicamente.

El padre de la Presidenta era sacado periódicamente de la cárcel y llevado a la Academia de Guerra Aérea (AGA), donde era torturado por oficiales de esa institución, algunos de ellos antiguos subordinados suyos.

Según el informe de su muerte, Alberto Bachelet, de 50 años, falleció a causa de "un paro cardiorrespiratorio producto de la mala condición física y psicológica en que había quedado".

En noviembre de 2014 fueron condenados como autores de las torturas los coroneles Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, ambos a cuatro años de presidio, inhabilitación absoluta para derechos políticos y también inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el periodo que dure la condena.

La medida tomada por Carroza puede ser apelada tanto por la viuda Ángela Jeria como por las agrupaciones de familiares de víctimas de derechos humanos durante el régimen militar.

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