El ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís fue presentado este lunes como coordinador de la recién creada Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Solís jubiló hace tres años del Poder Judicial, tras un trabajo de cuatro décadas en el marco del cual tuvo a su cargo varias investigaciones emblemáticas, como las torturas ocurridas en Villa Grimaldi y también las que propinó la CNI al hoy diputado Sergio Aguiló. Además dictó sentencia en primera instancia en el caso Prats.
Según explicó el ministro José Antonio Gómez, su rol será servir de nexo entre las Fuerzas Armadas y los magistrados que llevan investigaciones de derechos humanos a fin de agilizarlas.
"La tarea que vamos a desempeñar en esta Unidad es recibir las peticiones que realizan los tribunales, focalizarlas y enviarlas a las distintas ramas", explicó Gómez.
"A veces son preguntas genéricas, a veces son diligencias que pueden resolverse rápidamente. Por ejemplo, piden (los jueces) información global sobre un periodo de tiempo. A lo mejor hay que precisar y eso es lo que estamos buscando", agregó el ex presidente del Partido Radical.
El veto de los "militares"
Durante su presentación, Solís ratificó lo dicho la semana pasada en el programa "El Informante" de Televisión Nacional, donde reveló que en 2014 el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se propuso reintegrarlo al Poder Judicial para que colaborara con los jueces que investigan causas de derechos humanos.
"Alejandro, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca, quiero nombrarte asesor de los ministros que llevan causas de derechos humanos", fueron las palabras de Muñoz, según relató Solís en televisión, explicando que esta propuesta -pese a concretarse- tuvo corta vida.
Pocos días después del ofrecimiento y el acuerdo, Hugo Dolmetsch, ministro de la Suprema, le dijo: "Los militares han venido aquí a pedir que termine tu contrato". Al día siguiente el propio Sergio Muñoz le expresó: "Mira, por los incidentes que se han producido, por favor renuncia", señala la versión, que hoy -consultado por ella- Solís confirmó.
"Yo conté un incidente que tuve en mi vida profesional. Esto no quiere decir que ese incidente se vaya a producir de nuevo, porque yo creo que los fundamentos no existen (...) La garantía que tengo es que sea el ministro de Defensa el que esté a cargo", dijo Alejandro Solís, mientras José Antonio Gómez descartó que el presunto veto hubiera venido del Ejército.
"Toda la información que yo recabé -y lo conversé con el ex ministro Solís- demuestra claramente que no existió ninguna actividad ni acción de parte del Ejército. No hay mejor prueba que lo que estamos haciendo hoy día, que estamos trabajando en colaboración con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, todo eso no tiene fundamento ni razón alguna", indicó.
"Dilucidar los pactos de silencio"
En la ocasión Solís dijo también sentirse plenamente ligado con el tema de los derechos humanos y lo graficó en las variadas invitaciones que ha recibido para exponer sobre el tema fuera del país desde que dejó la judicatura.
También se refirió a su experiencia, como juez, ante los llamados "pactos de silencio".
"Los jueces del crimen estábamos a dilucidar los pactos de silencio. Cuando había un delito cometido por varias personas, invariablemente nos podían estar diciendo versiones distintas, y en el momento en que se hacía el careo o se confrontaban los dichos, simplemente se acababa el pacto de silencio, así que yo diría que en ese aspecto considero positivo que se quieran eliminar –si se quiere- este tipo de trabas", explicó.
Según ha trascendido, algunos de los militares condenados que cumplen sentencia en Punta Peuco piensan querellarse contra el ex juez Solís por el presunto delito de prevaricación.
