María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta de las comisiones Valech 1 y 2, quien llegó encabezar la segunda tras el fallecimiento del sacerdote Sergio Valech, abordó en GPS de Cooperativa el debate en torno a la posibilidad de levantar el secreto de la información contenida en los respectivos informes, y aseguró que la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Chile con dicha cláusula.
"La impunidad no tiene relación con el informe Valech. La impunidad está en el pacto y en la protección de las instituciones de los victimarios que participaron en los hechos y no han querido entregar la verdad, ahí está el foco de la impunidad", sostuvo al asistente social.
"Lo peor que puede pasar es que las víctimas y la sociedad piensen que el informe es un instrumento que ayuda a la impunidad. Yo creo que por una medida de transparencia y bien común hay que buscar caminos en términos que se resguarde la dignidad y la privacidad de las víctimas, con información que pudiera servir para tribunales", opinó.
La también ex funcionaria de la Vicaría de la Solidaridad apuntó a que "puede ser que el levantamiento de alguna información, con la voluntad del declarante, pueda ayudar a algún juez a tener una información más precisa sobre algunos recintos y algunos lugares".
Sin embargo, es sólo "en algunos testimonios -yo diría que en la minoría- hay información sobre victimarios", resaltó.
Sobre la reserva de la información entregada por las víctimas, Sepúlveda explicó que "cada testimonio que nosotros recibimos quedó resguardado en una carpeta individual con todos los antecedentes relativos al caso" y "los dos tienen reserva, porque la ley del Instituto de Derechos Humanos, que es la que faculta este segundo informe, dice que tiene que someterse a todas las normas de la Ley 19.992".
"Ésta es una información que tiene un carácter de reservada, fundamentalmente, con el fin de proteger la vida privada y el honor de las personas. Cuando estábamos tomando los testimonios nos encontramos con que un número importante de declarantes plantearon la necesidad de que su testimonio fuera privado", recordó la profesional.
María Luisa Sepúlveda añadió que, a partir de esto, se llegó "a la conclusión de que era necesario recomendar que los testimonios personales de las víctimas quedaran bajo reserva por 30 años. Nosotros no nos pronunciamos a todo el material, sólo al relato detallado de la víctima".
