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Juez condenó a 35 agentes de la dictadura por desaparición de embarazada

La lista de condenados la encabeza el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Entre los sentenciados hay siete mujeres.

ATON (Referencial)
En el aspecto civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 130 millones de pesos al esposo de la víctima.

En el aspecto civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 130 millones de pesos al esposo de la víctima.

El juez especial Miguel Vásquez condenó este miércoles a penas de entre cuatro y diez años de prisión a 35 agentes de la dictadura por el secuestro calificado (desaparición) de una opositora de 29 años, embarazada de cinco meses al momento de su detención, en diciembre de 1976.

Según el fallo, la víctima, Reinalda Pereira Plaza, era una tecnóloga médica y miembro del Partido Comunista, que daba cobijo a perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet.

La lista de condenados la encabezan el brigadier Pedro Espinoza Bravo, el coronel Juan Morales Salgado y el comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, sentenciados a diez años de presidio.

Los tres se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo sentencias tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza suman más de 500 años.

Los demás sentenciados, agentes también de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y entre los cuales hay siete mujeres, fueron condenados a penas de entre siete y cuatro años, como autores o cómplices del delito.

Otros once procesados, tres de ellos mujeres, fueron absueltos al no haberse acreditado su participación en los hechos.

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Reinalda Pereita Plaza, embarazada de su primer hijo, fue detenida en un paradero de la locomoción colectiva el 15 de diciembre de 1976 y conducida al cuartel "Simón Bolívar", un centro de exterminio de cuya existencia se conoció hace pocos años por la delación de un empleado de confianza del general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, ya fallecido.

De acuerdo con el testimonio de ese delator, apodado "el Mocito", y los testimonios de otros agentes, se pudo establecer que ningún prisionero llevado a ese lugar sobrevivió.

En el aspecto civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 130 millones de pesos al esposo de la víctima.

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