Ex alcalde de Providencia acusó una política de venganza hacia sus "camaradas de armas".
"Se ha negado el debido proceso y la aplicación igualitaria de la ley", dijo.
El ex jefe comunal UDI alegó que, en contraste con la situación de los uniformados, los "criminales terroristas de ayer gozan de impunidad y los de hoy son juzgados por jueces garantistas".
El ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, actual presidente del directorio del Centro de Coroneles (r) de Ejército, denunció "una política sistemática de violación a los derechos humanos" de los uniformados que están condenados por crímenes ocurridos bajo la dictadura de Pinochet.
El político UDI reaccionó airado luego de que Canal 13 difundiera imágenes del traslado de los reos del penal Cordillera hasta Punta Peuco. En una carta dirigida al diario de El Mercurio, repudió la "indignidad cometida con esos ya ancianos soldados".
"Existe hoy en Chile un grupo de personas que no tienen derechos humanos, ni siquiera el beneficio de ser trasladados con la dignidad que es práctica común en las naciones civilizadas", escribió.
"A los militares condenados por causas asociadas a los derechos humanos en años turbulentos del pasado o en la lucha contra el terrorismo, simplemente se les ha negado el debido proceso y la aplicación igualitaria de la ley", prosigue la misiva.
"Mientras criminales terroristas de ayer gozan de impunidad, y los de hoy son juzgados por jueces garantistas, nuestros camaradas de armas son víctimas de retaliaciones políticas que se manejan abiertamente desde los tribunales de justicia", dijo el ex agente de la DINA.
"La situación es simplemente inaceptable. Ahora sí se trata de una política sistemática de violación a los derechos humanos de estas personas, cometida por un poder del Estado con la aprobación y complicidad de los otros", remarcó el ex edil.
Para el ex militar, "hasta tal punto se ha manipulado la conciencia de la opinión pública, que hoy parece natural que los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros estén al margen del estatuto de protección jurídica que se aplica a todos los chilenos".
"Esta gravísima situación se está extendiendo a otros compatriotas. Vemos con desazón que en La Araucanía vecinos pacíficos que han caído bajo el objetivo terrorista, igualmente quedan fuera del ámbito de protección del Estado. Es el resultado de la política basada en el odio", concluyó Labbé.
