"Una cadena de presiones ejercida por el Ejército en el Poder Judicial" desató el procesamiento del general en retiro Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, quien es hermano del recién asumido comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo.
Carlos Oviedo fue procesado y encargado reo junto a otros 25 militares y civiles por el asesinato de siete militantes comunistas (cinco estudiantes, un obrero y un agricultor) ocurrido la noche del 10 de noviembre de 1973.
El fallo fue dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Álvaro Mesa y "cayó como una bomba en el Ejército", donde "ya era un hecho que su hermano Humberto Oviedo sería nombrado por el Presidente Piñera como el nuevo jefe del Ejército", lo que se oficializó el 19 de noviembre, publica Ciper en una nota firmada por la periodista Mónica González.
Según la versión, fueron las presiones ejercidas desde el Ejército y cursadas a través del ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch las que provocaron la renuncia del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís a sus funciones como asesor del equipo de jueces dedicados exclusivamente a resolver juicios por violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar.
El juez Mesa recibió un llamado Dolmestch -coordinador nacional de los procesos por delitos de derechos humanos desde junio de 2012- para solicitarle recibir a la parte militar y coordinar el traslado de los uniformados procesados hasta la Corte respectiva.
"En la Sala Penal de la Corte Suprema, donde tiene su sillón el ministro Hugo Dolmestch, también tiene su lugar el auditor del Ejército, Waldo Martínez, quien la integra sólo cuando se ven en esa sala los procesos que llegan desde la Corte Marcial. Una cercanía que facilita la comunicación", consigna la nota.
El reportaje resalta que pasaron 40 años para que se comenzara a hacer justicia en este caso e indica que "una de las razones que podrían explicar esa demora es que varios de los militares inculpados llegaron a ocupar posiciones de generalato y alto mando en el Ejército. Y también, que abrir esa compuerta implica sumergirse en la complicidad que tuvieron con la impunidad funcionarios del Poder Judicial de esa zona que hicieron carrera".
Ciper consigna que Dolmetsch calificó como "improcedente" la contratación de Alejandro Solís como asesor, a quien se le encargó como primera tarea crear una base de datos que permitiera a los 32 ministros de dedicación exclusiva tener la información clave para poder avanzar en sus investigaciones.
"Es improcedente, porque no corresponde que un ex ministro de la corte haga ese trabajo. No corresponde. (...) Lo que se debiera haber hecho es contratarlo bajo mi dependencia para organizar la base de datos y otros apoyos (...) Pero ya renunció. No es de mi responsabilidad", dijo Dolmestch a Ciper.
