El jefe jurídico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, comentó en El Diario de Cooperativa el procesamiento y detención del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, por el delito de asociación ilícita y afirmó que debe seguir en prisión preventiva.
Ahora la Corte de Apelaciones de San Miguel tiene que resolver sobre la libertad bajo fianza o si sigue Labbé en prisión preventiva, ante lo que Lledó adelantó que "vamos a sostener que él debe seguir en prisión preventiva".
"Aunque él salga en libertad en este momento, sale en libertad bajo fianza y sigue procesado", aseveró.
Aseguró que costó mucho establecer su participación en los secuestros, crímenes y torturas cometidos en el regimiento Tejas Verdes.
"Es la persona de atrás, es la persona que asesora, que enseña a los demás cómo torturar, cómo sacar información, cómo dar un trato a los detenidos propio de aquella época. Ha costado mucho poder establecer su participación precisamente porque no era la primera cara visible", expresó el abogado.
Detalló que "tenemos cuatro testimonios, dos que son de víctimas sobrevivientes de la dictadura, de aquellas torturas, y dos que son precisamente de ex agentes del Estado que participaron en esos mismos hechos y que han confesado, situando a Labbé en el regimiento de Tejas Verdes haciendo clases de capacitación en materia de inteligencia, cómo interrogar detenidos, contra insurgencia y ese tipo de cosas".
Reconoció que el ex alcalde "reconoce que solo estuvo ahí realizando clases de educación física, pero eso no resulta creíble. La investigación continúa, vamos a pedir antecedentes a Brasil donde él habría hechos estos cursos de 'educación física', que en realidad son de inteligencia y contra insurgencia".
Defendió "independencia" del Programa
Respecto al trabajo del Programa de DD.HH. ante las críticas de la UDI, Lledó aclaró que "si bien depende jerárquicamente del Ministerio del Interior, ha conseguido durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet actuar con total independencia, lo que no ocurría en gobiernos anteriores".
"No ocurrió en el Gobierno pasado, pero tampoco ocurrió en los gobiernos de la Concertación. Durante todo ese tiempo, la persecución penal de este tipo de delitos estuvo supeditada al acontecer político, contingente de ese momento. Nuestra democracia era frágil, estábamos en un periodo de transición", explicó.
Añadió que "hoy lo que se ha conseguido es independencia del Programa de DD.HH., independencia de los jueces y estamos actuando sin ningún tipo de presiones ni a favor ni en contra de ninguna persona en particular".
