Iniciativa fue presentada por el Ejecutivo en favor de las personas que aparecen en todos los informes de comisiones.
Fue derivado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La iniciativa ingresó a la Cámara y fue derivada hasta la Comisión de Derechos Humanos.
A la Comisión de Derechos Humanos fue derivado el proyecto presentado por el Ejecutivo que consagra el deber de los órganos del Estado de individualizar como víctimas de desaparición forzada a las personas detenidas desaparecidas que figuran en los informes de las comisiones creadas para la búsqueda de verdad y justicia.
La iniciativa señala que los órganos del Estado deberán velar por que los registros que estén a su cargo reconozcan y expresen como víctimas de desaparición forzada a las personas detenidas desaparecidas cuyos nombres se incluyen en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; en el Informe de la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, así como en informes de comisiones de la misma naturaleza que puedan crearse.
En el mensaje que acompaña al proyecto, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, precisó que la iniciativa "tiene como antecedente la preocupación fundamental por fortalecer la memoria histórica de nuestro país".
Recalcó que "es tarea de todos velar porque hechos como los ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 no se vuelvan a repetir, y los órganos del Estado tienen una especial responsabilidad al respecto".
La propuesta legal recoge la idea de la moción presentada en julio de 2013 por los diputados Sergio Aguiló (IC), Hugo Gutiérrez (PC) y Tucael Jiménez (PPD) y los ex parlamentarios Nino Baltolu (UDI) y Ximena Vidal (PPD), que buscaba reconocimiento jurídico para las víctimas de desaparición forzada, modificando la Ley N° 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.
La diferencia de este proyecto presentado por el Gobierno, es que se establece una norma general, no circunscrita solamente a la ley 20.377.
