La iniciativa de Alejandro Guillier y Manuel José Ossandón será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Concepto "final" levantó suspicacias en diversos actores políticos.
Los impulsores afirmaron que la consideración de "final" no es de cierre, sino que de "un esfuerzo más" por encontrar a los desaparecidos.
Los senadores Alejandro Guillier (Ind) y Manuel José Ossandón (RN) plantearon la creación de una "comisión final" integrada por civiles, militares y parlamentarios que pueda recibir vía electrónica, carta o testimonios directos información que permita dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.
El documento habla de una propuesta de reconciliación nacional, de una comisión final y de un último esfuerzo, como lo afirmó el senador Ossandón.
"La estamos planteando a la Comisión de Derechos Humanos que oficialmente le digamos a la Presidenta de la República, quien tendrá que poner fechas. Por supuesto nos gustaría que pudiéramos recabar toda la información y cualquier sentido común nos dice que es casi imposible que se encuentren todos, con que encontráramos uno estaríamos felices", manifestó.
La propuesta no incluye ningún tipo de incentivo para que las personas que tenga información sobre el paradero de los DD.DD. la entregue. Eso sí, establece que los datos pueden ser recogidos por intermedio de alcaldes, concejales, diputados, consejeros regionales, presidentes de juntas de vecinos, embajadas o consulados de Chile en el exterior, y por parroquias.
A su turno, Alejandro Guillier añadió que "la idea de final no es en la idea que se cierra, sino más bien que falta un esfuerzo más".
Por su parte, Manuel Antonio Matta (DC), presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sentenció que "no tengo ninguna dificultad. Bien podríamos canalizar esto por la propia comisión de Derechos Humanos, sin perjuicio de lo anterior, podríamos pensar en una comisión ad-hoc para poder encontrar el destino final de miles de desaparecidos. Es un esfuerzo que hay que hacer".
Sospechas
No obstante, el concepto "final", descrito como algo motivacional, ha generado "sospechas" en algunos actores políticos, como el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade.
"Me parece bien que se haga un esfuerzo en un tema que sigue estando pendiente, no me parece bien el concepto de 'final' porque la pregunta que habría que hacerse es si no logramos saber la verdad. Entonces, me preocupa cuando estas cosas son medias tramposas", indicó el parlamentario.
En tanto, desde el Gobierno reaccionó la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, que también manifestó sus reparos.
"Si no están los antecedentes mal puede ser final. Aquí hay gente que guarda silencio hasta el día de hoy. La Presidenta lo dijo el 11 de septiembre en su discurso de conmemoración, se requiere verdad, contar con la información, si no se tiene malamente se puede poner final a un tema que no cuenta con los antecedentes para poder cerrar el capítulo", sostuvo la secretaria de Estado.
Según la propuesta, que se va a presentar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la información podría ser recogida por intermedio de alcaldes, concejales, parroquias, diputados, consejeros regionales, presidentes de juntas de vecinos y embajadas o consulados de Chile en el exterior y no contempla inmunidad judicial, por lo que los sacerdotes podrían también recibir la información amparados en el secreto de confesión.
