Esteban Vucetich, Pablo Yáñez y José Reyes están siendo formalizados por el delito de incendio.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los tres imputados.
Los incendios consumieron en conjunto 77 mil hectáreas e implicaron un gasto de más de 1.600 millones de pesos para su extinción.
El fiscal Emiliano Arias aseguró que los ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) que están siendo formalizados alteraron antecedentes para negar su responsabilidad en cinco incendios forestales registrados en la Región de O'Higgins entre diciembre de 2016 y enero de 2017.
Este viernes se ha desarrollado la segunda jornada de la formalización del gerente de Operaciones, Esteban Vucetich; el gerente técnico de O'Higgins, Pablo Yáñez; y el gerente de Mantenimiento y Construcción de Santa Cruz, José Reyes, a quienes la Fiscalía les imputa, en calidad de autores, el delito de incendio, previsto y sancionado en el Código Penal.
La investigación ha sido liderada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y su tesis es que los incendios -originados en las comunas de Paredones, Pumanque y Marchigüe- se produjeron por la falta de mantención del tendido eléctrico.
La Fiscalía ya solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y, en su presentación, ha mostrado fotografías, testimonios de testigos y documentos incautados en las oficinas de CGE.
El fiscal Arias sostuvo que "hay alteraciones de modificación de antecedentes relacionados con el sitio del suceso. Ustedes pudieron ver precisamente que en sus relaciones o comunicaciones con la autoridad con la cual ellos se vinculaban, tanto a través de denuncias como de las compañías aseguradoras, entregaban datos falsos como por ejemplo conociendo la causa del inicio del fuego era la caída de un árbol sobre un tendido eléctrico se señalaba causa desconocida", hecho que comprobó gracias a un correo electrónico enviado por Yáñez.
En tanto, el abogado querellante Eduardo Picand sostuvo que "estamos en presencia de imputados que tratan de ocultar la verdad y que su señoría, a través de la labor del Ministerio Público, no llegue a ella".
"Es por todas estas razones que entendemos que las conductas anteriores, coetáneas y posteriores de los imputados constituyen, en primer lugar, un peligro para el éxito de la investigación, porque existen diligencias precisas y determinadas pendientes. Estoy hablando, por lo menos, de parte de las víctimas que nosotros representamos", añadió.
Defensor criticó mediatización del caso
Mientras tanto, el defensor Cristián Muga sostuvo que "ninguno de los abogados que concurren a esta defensa están esperando que al final de esta audiencia se dicte una resolución de sobreseimiento definitivo, porque eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público hoy día".
"Le están pidiendo que anticipe pena, porque estos señores que están sentados atrás saben al menos desde el día 31 de enero que por simple prognosis de pena la prisión preventiva es una opción", recalcó.
El también defensor Rodrigo de la Barra argumentó que "aquí lo que importa pareciera ser el escándalo, el titular, el trascendido, la noticia. La 'telejusticia' está generando grandes riesgos para el ejercicio en materia jurídicopenal".
"Claramente para la libertad de estas personas al enfrentarse al aparataje del Estado organizado para efectos de plantear una imputación especulativa se preparó una situación con contexto sociopolítico económico para efectos de plantearlo como un espectáculo que hoy tiene a tres ciudadanos enfrentados a cárcel", agregó.
Los cinco incendios en cuestión consumieron en conjunto 77 mil hectáreas e implicaron un gasto de más de 1.600 millones de pesos para su extinción.
