UDI busca quitar acceso a la gratuidad a estudiantes protagonistas de destrozos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El proyecto de ley será ingresado el miércoles por el jefe de bancada, Javier Macaya, y el diputado Osvaldo Urrutia, informa el diario La Tercera.

La moción “consagra como causal de pérdida de los beneficios que establece el Estado a los estudiantes, en caso de ser autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo".

UDI busca quitar acceso a la gratuidad a estudiantes protagonistas de destrozos
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La moción se da en medio de las tomas que ha habido en los colegios de la comuna de Santiago.

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En medio de las tomas que ha habido en los colegios de la comuna de Santiago, diputados de la UDI presentarán un proyecto de ley para que estudiantes que hayan realizado "destrozos" en establecimientos educacionales no puedan acceder a la gratuidad universitaria.

Según consigna el diario La Tercera, la moción será presentada el miércoles por el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, junto al diputado Osvaldo Urrutia.

El proyecto de los parlamentarios, que busca modificar la Ley 21.091 sobre educación superior, "consagra como causal de pérdida de los beneficios que establece el Estado a los estudiantes, en caso de ser autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo de los establecimientos educacionales tomados, como forma de protesta, reclamo u otra motivación a las autoridades", señala el rotativo.

Lo anterior, argumentan, debido a que en "nuestro derecho existen experiencias en torno a la pérdida de beneficios estatales respecto de personas que han perdido la habilidad para ser acreedores de estos a partir de hechos que implican indignidades sobrevinientes. Este es el caso de los beneficios que perciben los grupos indígenas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas".

Añaden que con la entrada en vigencia de la Ley 20.529, "la Superintendencia de Educación es la instancia administrativa encargada de fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal".

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