La medida fue tomada luego de los últimos acontecimientos en el Instituto Nacional y Liceo de Aplicación.
Esto ayudará a "fortalece las facultades de los directores de los establecimientos".
La ministra de Educación mantuvo un reunión con los rectores de los colegios emblemáticos.
El Gobierno enviará un proyecto de ley que buscará expulsar de manera inmediata a los estudiantes que cometan actos de extrema violencia en los establecimientos educacionales.
La medida fue tomada tras las últimas manifestaciones que se vivieron en el Instituto Nacional, el pasado sábado, y ayer en el Liceo de Aplicación, donde se detuvo a dos alumnos por generar desmanes.
"Vamos a enviar un proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos y ante hechos graves el director pueda aplicar medidas inmediatas de expulsión y cancelación de la matricula", indicó la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La secretaria de Estado enfatizó que "nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor".
La iniciativa será enviada al Congreso la próxima semana y buscará expulsar de manera inmediata, a través de procesos mucho más cortos de investigación, a los alumnos que comentan actos de violencia y alejarlos de la comunidad escolar.
Este tema fue abordado por el Presidente Sebastián Piñera, quien comentó que "da pena a veces ver como los liceos emblemáticos, que eran un orgullo de nuestro país y que hoy día hacen noticia solamente por la delincuencia, por las bombas molotov, como lo vemos en el Instituto Nacional y lo vimos anoche en un liceo en que rociaron a su director y a muchos de sus profesores con bencina".
La ministra se reunió este miércoles con los rectores del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación, además de la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para decidir ante los últimos incidentes.
Precisamente Alessandri sostuvo que "no tengo problemas en ejercer la autoridad, para eso fui elegido. Pero siempre he dicho que necesitamos herramientas legales que nos permitan ejercerla, que es lo que quiere nuestra comunidad educativa. Los manuales de convivencia están completamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta, ya que protege a nuestros directores y profesores ante actos de violencia extrema".
El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, indicó que "la legislación que había no nos daba posibilidades a los directores para poder garantizar ambientes serenos de trabajo y de aprendizaje. Creo que este es un paso que no va a resolver el problema de fondo, lo tenemos súper claro".
"Es una comunidad de 4.300 estudiantes, donde basta que cinco o 10, 15, alteren la normalidad de una jornada académica para que exista una atmósfera de inseguridad", dijo.
"Estamos en un proceso de investigación, hay algunos procesos que no podemos identificar, porque somos educadores y no investigadores, como cuando hay un encapuchado", agregó Soto.
Postura de los alumnos
Vicente Salinas, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, manifestó que "la pretensión de hacer aún más autoritario el proceso o de tener más atribuciones para sancionar a los estudiantes obviamente que no corresponde y solamente ataca el asunto superficial. Por el contrario, genera más descontento, más conflicto y violencia".
Desde la Cones, su vocera Amanda Opazo planteó que "estos actos de violencia son bastante repudiables, lo que está pasando ahora en el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación no son parte de lo que es el movimiento estudiantil, pero a la vez el gobierno no tiene que utilizarlo a su favor".
"Lo que está haciendo es solamente tratarnos como delincuentes y meternos a todos en un mismo saco", sostuvo.
Judy Valdés, presidenta del centro de padres del Instituto Nacional, manifestó que "estamos bastante preocupados por el tema de la violencia que se evidenció el sábado. Tampoco es una solución ir a expulsarlos y mandarlos, como una vez se dijo, a colegios en la periferia. ¿Significa que a los colegios de la periferia se envía lo peor?".
En qué consiste el proyecto
El proyecto, que será ingresado la próxima semana, busca permitir que "ante hechos graves de violencia", el director del establecimiento pueda "tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula".
"Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda. Estos podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula", explicó el Ministerio
Asimismo, el proyecto contempla que "corresponderá al Mineduc, tal como lo establece hoy la ley, velar por la reubicación del estudiante afectado".
Así, la iniciativa establece que la expulsión o cancelación de matrícula se aplicará frente a las siguientes causales:
