Doctores y profesores en Derecho Constitucional cuestionaron el debido proceso que tendrán los alumnos.
Los profesionales expusieron en la Comisión de Constitución del Senado al iniciarse la tramitación de la iniciativa.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, asistió a la sesión y defendió el proyecto.
Un grupo de expertos afirmó que el proyecto de "Aula Segura", el cual facilita la expulsión de estudiantes que participen en hechos delictuales o de violencia, es inconstitucional.
Los doctores en Derecho y profesores en Derecho Constitucional Manuel Antonio Núñez (U. Católica), y Jaime Bassa (U. de Valparaíso), expusieron en la primera sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que este miércoles dio inicio a la tramitación del texto ingresado por el Gobierno.
Bassa explicó que "el tipo de soluciones que este proyecto en particular propone, adolece de una inconstitucionalidad bastante evidente".
"Aquellas garantías que todas las personas tenemos para la defensa de nuestros derechos, en el caso de que se apliquen sanciones, como es en el caso de la expulsión del colegio, sólo están relativamente consideradas desde el momento en la que se aplica la sanción de expulsión, pero no en los momentos previos, relacionados con la investigación de los hechos", sostuvo.
"Hay un estándar de protección de los derechos asociados al debido proceso que este proyecto rebaja de manera preocupante que no ofrece una razón o una justificación proporcionalmente adecuada", remarcó el experto.
Ministra Cubillos defendió el proyecto
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, asistió a la sesión y defendió el proyecto, afirmando que "obviamente tenemos diferencias, dado que consideramos que este proyecto, por una parte, obliga la director a hacer una resolución fundada, lo que evita arbitrariedad en la resolución, y al mismo tiempo le da el derecho al estudiante a defenderse, a pedir reconsideración".
"Además, por parte de la Superintendencia, (lo posibilita a) la revisión de que se hayan cumplido durante todo el procedimiento as garantías del debido proceso", afirmó la titular.
"Lo dijimos desde el primer minuto: aquí se conjuga el derecho a la seguridad, el derecho a la educación y el derecho al debido proceso", sentenció Cubillos.
Los expertos coinciden en que la iniciativa impide el derecho a defensa de un acusado, a la presentación de pruebas o a conocer una investigación en contra.
Si bien la definición de Constitución no es vinculante -según se explicó- será una opinión valida para las indicaciones que trabajarán desde la oposición en la Comisión de Educación, que ya han manifestado críticas sobre la dureza con que el proyecto busca sancionar la violencia y desórdenes.
